Madrid paga parte de los 6 millones en entradas del Atlético que pudieron destinarse en parte a atenciones protocolarias

Esos 6,2 millones de euros corresponden a facturas recepcionadas por el Ayuntamiento, heredadas del gobierno del PP, como pago en especie por 126.305 entradas del Atlético de Madrid que no están soportadas por ninguna norma. Dicho pago en especie estaba recogido en el convenio firmado en el año 2008 con el club deportivo en el que se acordaba la venta al Atlético del estadio de La Peineta.

Este suelo tenía una superficie de 88.150 metros cuadrados y una edificabilidad de 101.372 metros. Se enajenaba por 41 millones, finalmente el Gobierno de Ahora Madrid lo ha vendido por 60 al incluir 50.128 metros cuadrados más de edificabilidad que, en palabras del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, fueron ampliados en el año 2011 vía modificación del Plan General. Sin embargo, como ha apuntado, el PP no actualizó el valor de la parcela a su nuevo precio derivado de la nueva edificabilidad, lo que supone esa diferencia de 20 millones de euros.

El convenio incluía la obligación de realización por el club de las obras necesarias para adecuar el estadio a su uso como estadio de fútbol por 194,9 millones. Para poder vender el estadio, el Ayuntamiento debía modificar el planeamiento, compromiso que asume la anterior Corporación en dicho convenio, junto con las tres intentonas olímpicas, que fueron abandonadas por la excaldesa Ana Botella en 2013.

PRECIO DE ENTRADAS

El convenio establecía que parte del precio que tenía que recibir el Ayuntamiento de Madrid por la venta de la parcela lo fuese en prestaciones de carácter deportivo, es decir, en entradas por un importe de 40 euros cada una. Sánchez Mato ha apuntado que Madrid se enfrentaba a un problema legal de difícil solución dado que el importe obtenido por la venta de bienes inmuebles sólo se puede destinar de acuerdo con la ley a bienes inmuebles y no a la adquisición de entradas como había hecho el anterior equipo.

"Todas las leyes de régimen local, presupuestario y urbanístico prohíben sin excepción destinar el importe obtenido por la venta de suelo al pago de gastos corrientes", ya defendió en la comisión de esta misma semana. El equipo del PP vino recibiendo hasta 126.305 entradas entre los años 2010 a 2014 por un importe de 6,2 millones.

Se da la circunstancia de que en el anexo V del convenio rubricado, el importe máximo a abonar en especie y con entradas era de 320.000 euros cuando ahora se encuentras facturas por importe de 6,2 millones de euros. El Ejecutivo municipal debe abonarlas ahora tramitando las correspondientes modificaciones de crédito.

"DISPARATE PRESUPUESTARIO"

En el Pleno, el portavoz de Economía y Hacienda de Cs, Miguel Ángel Redondo, ha calificado el pago en especie como "un disparate presupuestario" del PP mientras que el socialista Pérez Boga ha lamentado el "desaguisado" con unas entradas destinadas al fomento del deporte, con una parte que parece ser que se destinaron a atenciones protocolarias. "Debemos pagar este desaguisado porque Madrid tiene que pagar sus deudas", ha remarcado.

El portavoz del PP en el área, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido que el pago en especie fue legal y contó con el debido informe de Intervención General. A renglón seguido ha acusado a Sánchez Mato de ser el "inquisidor de la Causa General" que "sólo envía a Fiscalía informes que le interesan".

En este punto, el edil ha defendido que era el Ayuntamiento el primer interesado en el traslado de La Peineta para darle un uso más allá de las intentonas olímpicas, unido al soterramiento de la M-30 y Madrid Río. "Lo relevante no es el tema de las entradas sino que el gobierno dé explicaciones sobre las razones por las que en este nuevo convenio hay pago en especie con las obras de acondicionamiento de los exteriores del estadio Wanda-Metropolitan por 30 millones", ha indicado.

Sánchez Mato le ha contestado que el convenio actual "arregla el enorme desaguisado" que dejó el PP, que incluía ese "pequeño olvido" de aumento de edificabilidad de 50.000 metros de dominio público, que se contabiliza en 20 millones de euros más para las arcas municipales. El edil cree que el convenio de 2013 recogía elementos "ilegales", una definición que tendrá que determinar un juez.