Madrigal incide en que los fiscales están preparados para instruir las causas penales

A lo largo de su conferencia, impartida bajo el título 'El Ministerio Fiscal, defensor de la sociedad', Madrigal ha incidido en que la trascendencia del poder de acusar y de las demás funciones encomendadas a los fiscales hace imprescindible dotarles de un

estatus "que preserve su autonomía e inamovilidad".

La idea básica, a su juicio, es que un fiscal es un profesional de alto nivel, centrado en el dominio de la técnica jurídica y el trabajo bien hecho, sin reservas ni desánimo".

Por ello, y coincidiendo este jueves con la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que no ha incluido esta atribución a los fiscales, Madrigal ha reclamado como necesario "abordar en ley procesal de nueva planta un sistema de investigación y enjuiciamiento

moderno, ágil y equilibrado que rompa definitivamente con la perniciosa tradición inquisitorial y atribuya la investigación al Ministerio Fiscal".

Ha reconocido que el prelegislador parecía tenerlo claro y lo intentó en 2011 y en la presente legislatura en 2013, con dos textos que con sus fortalezas y debilidades no llegaron a concretarse siquiera en proyectos de ley, por lo que probablemente "habrá de llevar a un tercer intento en próximas legislaturas".

Para la fiscal general del Estado, "no se trata de sustituir a los jueces de Instrucción por los fiscales", sino de simplificar la fase de investigación, de agilizar la investigación encomendando su dirección a un órgano flexible y sujeto a la unidad de actuación y de

potenciar el juicio oral".

"La reordenación del proceso penal con asignación de la investigación al fiscal ha de asumirse más allá de refriegas partidistas, como auténtica cuestión de Estado, presidida por la generosidad y el consenso", ha concluido sobre este asunto.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Madrigal también se ha referido durante su conferencia a la lucha contra la corrupción, un asunto que la sociedad española siente, junto con el paro, como uno de sus graves problemas.

"No es de extrañar --ha comentado--. Se trata de un fenómeno devastador que ataca a la democracia y a sus valores; también, al sistema económico, en el que introduce factores de desestabilización, como el coste añadido sobre bienes y servicios que acaba repercutiendo en el consumidor o la desconfianza en los operadores".

Además, la fiscal general subraya que la corrupción "provoca desconfianza y hasta desafección hacia las instituciones y se erige a veces en pretexto para el incumplimiento de las normas o la deslegitimación de estructuras sociales y políticas".

En este contexto, se ha referido a la Fiscalía Anticorrupción, de la que ha señalado que "viene trabajando incansablemente en procedimientos

judiciales e investigaciones del fiscal contra la corrupción política y económica".

Madrigal reconoce que el debate sobre si existe hoy en España más o menos corrupción que en décadas pasadas, "a falta de datos fiables, no es útil", si bien ha señalado que "lo que sí ha experimentado un alza

significativa es el índice de percepción de la corrupción".

Así, ha señalado que la Comisión Europea en un informe

de febrero de 2014 indicaba que el 95 por ciento de los españoles consideraba que la corrupción en España estaba muy extendida.

"Paradójicamente, los índices de percepción de la corrupción elevados son el primer y más importante paso para su persecución y represión", ha señalado la fiscal general del Estado.

Las investigaciones en curso, a juicio de Madrigal, permiten "constatar que en nuestro sistema, los delitos, incluso los que se cometen aprovechando estructuras de poder político o económico, salen a la luz, se investigan, se enjuician y condenan".

No obstante, ha apuntado que "frente a la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables todos los

esfuerzos son pocos".

"No se trata de ocultar ni de exagerar la magnitud del fenómeno, sino de medirlo, analizarlo y remediarlo con respuesta multidisciplinar que abunde en el mejor funcionamiento de los sistemas de control", según Madrigal.

En este punto, ha reconocido que la Fiscalía "debe mantener también un difícil equilibrio para no arrogarse atribuciones de control directo de la gestión pública o interferir en los procedimientos administrativos".

Finalmente, ha reconocido que los fiscales anticorrupción "se ven sometidos a la presión, a menudo agobiante, que procede del entorno

social o político de los acusados, los reclamos mediáticos, los intereses partidistas y las exigencias sociales de contundencia represiva".

Según Madrigal, y a pesar de ello, "nada de eso ni el populismo represivo es compatible con los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir la actuación del Ministerio Público".