'Malaya' cumple 12 años con mayoría de condenados fuera de prisión y 30 millones en venta de bienes

Aquel miércoles 29 de marzo de 2006, comenzaron las primeras detenciones de la que luego se conoció como operación 'Malaya' y que sólo ese día registró casi una treintena de personas arrestadas, entre ellas Roca y la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe. El número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas, entre políticos, empresarios y abogados, en sucesivas fases del operativo policial.

Un total de 95 acusados llegaron al juicio que comenzó el 27 de septiembre de 2010. Finalmente, la Audiencia de Málaga condenó a 46, entre ellos el principal procesado, Juan Antonio Roca, que desde hace unas semanas y tras 12 años en prisión está en tercer grado penitenciario y no tiene que regresar al Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga ni para dormir, ya que cuenta con un control telemático.

En enero de 2016, la Sala que juzgó el caso 'Malaya' inició la ejecución de la sentencia, acordando el ingreso en prisión de 28 condenados con penas superiores a los dos años. De estos, según han dicho fuentes judiciales a Europa Press, siguen en la cárcel, por ahora, la exalcaldesa Marisol Yagüe y el empresario Andrés Liétor, que estuvo un tiempo fugado.

También están los exediles Rafael González y Javier Lendínez, éste último juzgado en un juicio aparte y más tarde, ya que permaneció fugado durante cinco años y fue detenido en Málaga justo después de salir la sentencia del caso.

El resto de condenados para los que se decretó el ingreso en prisión están en tercer grado o en libertad condicional; a excepción de dos que no han cumplido estas penas por estar enfermos; el abogado Juan Hoffmann, que sigue fugado; y el empresario Maximo Filippa, para el que se acordó cumplir la pena en su país, Italia, donde, sin embargo, no llegó a ingresar en prisión al concedérsele varios beneficios penitenciarios.

El Tribunal de 'Malaya' acordó, asimismo, la suspensión de las penas de 18 condenados a menos de dos años de cárcel a cambio del pago de multas, ya que siempre ha sido una de las prioridades la recuperación de la mayor cantidad posible de dinero.

VENTAS

Además, el Tribunal de Málaga, presidido por el magistrado José Godino, siempre ha querido que el municipio marbellí recuperara la mayor cantidad de dinero posible, al considerar, como dijo éste en el momento de leer la sentencia, que "no es justo que como consecuencia de los actos y conductas enjuiciados, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado con Hacienda y la Seguridad Social mientras que los bienes decomisados reviertan en otras localidades".

Por eso, dentro de la ejecución de la sentencia, para la Sala ha tenido y tiene una importancia especial la enajenación de bienes intervenidos. Para esto, se habilitó una página web --www.ventadebienesmalaya-roca.com--, que ya ha tenido 2,9 millones de visitas en dos años y ha permitido vender bienes vinculados a Roca o sus sociedades por valor de unos 30 millones de euros.

Ya se han vendido relojes, el hotel de La Malvasía, por 2,1 millones de euros; pisos, armas, parcelas, caballos, obras de arte e, incluso, un autobús, entre otros bienes; pero la venta principal ha sido la de la Finca La Loma, ubicada en Murcia, formada por varias parcelas, en la que se venía desarrollando una explotación agrícola de cítricos por un precio de 18,5 millones de euros.

A fecha de enero de 2017, ya se había transferido al Ayuntamiento 8,1 millones por 'Saqueo I', a lo que hay que sumar otras cantidades entregadas posteriormente; y también se está "cumpliendo" con la Agencia Tributaria, que había recibido en ese momento 5,3 millones de cuotas de Seguridad Social, IVA y otros impuestos.

JUZGADOS

Una de las últimas operaciones para revertir los bienes incautados que va para delante es la que permitiría que un inmueble de Roca, ubicado junto al hospital Costa del Sol, pueda acoger todos los juzgados de Marbella, después del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, anunciado por la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar.

En virtud de ese acuerdo, el Ayuntamiento cedería a la Junta un edificio a medio construir con acceso desde la autovía A-7. La consejera señaló que este era "un momento de enorme satisfacción, porque supone un avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita", unificadas.

Al respecto, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, destacó "la voluntad de todas las instituciones para que Marbella pueda contar con el Palacio de Justicia que se merece", un proyecto que cuenta "con el respaldo de la Audiencia, jueces y fiscales", subrayando "la sensibilidad" del Gobierno central, que "debe autorizar al Ayuntamiento para que este inmueble pueda destinarse a equipamiento público y no a solventar la deuda con Seguridad Social y Hacienda".