Mandos de Mossos reconocen la situación de riesgo que obligó a sacar a la secretaria judicial por una azotea el 20-S

Mandos de los Mossos d'Esquadra, dos de los cuales participaron en operativo por el asedio a la Consejería de Economía en Barcelona del pasado 20 de septiembre --en protesta por los registros judiciales-- han reconocido este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que la concentración en dicho lugar de hasta 40.000 personas provocó una situación de riesgo que obligó, como "alternativa" a desalojos o cargas, a organizar la salida de la secretaria judicial por una azotea.

Así lo han señalado fuentes presentes en las declaraciones como testigos del sargento y el inspector que se turnaron al frente del dispositivo de los Mossos a las puertas de la Consejería y que han culpado primero a los periodistas que cubrían lo ocurrido y a "borrachos" que permanecían en el lugar a última hora de la jornada de los daños sufridos por los vehículos de la Guardia Civil.

Según el sargento responsable de la Unidad de Mediación que permaneció en el lugar desde primera hora de la mañana la situación no era segura a las puertas de la Consejería, pese a lo cual la intendente Teresa Laplana --investigada por sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela-- rechazó su petición de aumentar en número el operativo de diez o doce agentes con los que él contaba para hacer frente a la situación.

LA INTENDENTE TERESA LAPLANA RECHAZÓ AUMENTAR EL OPERATIVO

Según la acusación popular, ejercida por Vox, el sargento habría reconocido que al término de la jornada hubo actos violentos y podría deducirse que el objetivo de los organizadores, que eran las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, era poner impedimentos al registro judicial.

Por su parte, el inspector que sustituyó al anterior mando frente a la Consejería de Economía desde las diez de la noche de ese día también ha reconocido ante el juez que se produjo una situación insegura ante la cual se optó por la salida de la funcionaria judicial por la azotea. También ha manifestado que coincidió con agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar en su preocupación por la posibilidades de que la masa accediera a las armas que había en algunos de los vehículos asaltados.

CASTELLVÍ ADMITE QUE IBAN A QUEMAR ACTAS SOBRE SEGUIMIENTOS

Por su parte, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos ha declarado durante más de tres horas ante el juez, los fiscales Jaime Moreno y Javier Zaragoza y ha reconocido que advirtieron del riesgo de violencia que existía para el 1 de octubre en la reunión que mantuvieron en el comité de seguridad y al que acudieron el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn. Según las fuentes consultadas, Castellví se sintió "frustado" al ver que los responsables políticos no atendían sus manifestaciones.

Preguntado sobre la quema en una incineradora de documentos de los Mossos descubierta por la Guardia Civil, el responsable de Información del cuerpo autonómico ha reconocido que dichos documentos no eran solo antiguos, sino que se pretendían destruir otros más recientes sobre seguimientos a personas y actas del Centro de Coordinación. A juicio de la acusación popular se trataría de material probatorio de la responsabilidad de los Mossos en los hechos y por este motivo aceleraron su destrucción.

También ha reconocido que los Comités de Defensa del Referéndum que ocupaban los colegios antes de la jornada del 1 de octubre estaban integrados de modo transversal por gente de ERC, CUP, Asociación Municial Independiente de Cataluña (AMI), ANC y Ómnium cultural.

La declaración de Castellví se ha realizado a petición del exconsejero Forn, en prisión desde el pasado 2 de noviembre, mientras que los otros dos responsables han citados a petición del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión desde el pasado 16 de octubre por su presunta implicación en la causa en la que se investigan posibles delitos de rebelión o sedición y de malversación de fondos públicos por parte de los exmiembros del Govern y de la mesa del Parlamento de Cataluña.