Manos Limpias se querella contra el juez Castro por prevaricación y pide que sea apartado hasta que se pronuncie el TS

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, al que acusa de prevaricar en el auto en el que otorgó la libertad condicional al preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga. Pide que, de ser admitida la querella, Castro sea apartado de sus funciones hasta un pronunciamiento final sobre este asunto.

En el escrito, que tuvo ingreso este martes en la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manos Limpios acusa al juez de utilizar un "artilugio jurídico" para conceder la libertad condicional al carcelero de Ortega Lara saltándose los requisitos fijados en el Código Penal, esto es, la extinción de tres cuartas partes de su condena, la muestra de signos inequívocos de haber abandonado la actividad terrorista y la declaración expresa de repudio a la violencia.

Considera el sindicato que en el caso de Bolinaga no se dan los requisitos para concederle la liberad por ser un enfermo muy grave e incurable, ya que no se encuentra en una fase terminal que le impida cumplimentar los citados trámites administrativos y judiciales.

VISITA AL HOSPITAL

El texto de la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca hasta 8 defectos en el auto de libertad dictado por Castro el pasado 30 de agosto, entre ellos el intento por el juez central de vigilancia de justificar la visita que realizó al reo en el Hospital de San Sebastián en las competencias que la Ley le atribuye para visitar centros penitenciarios.

"Al no encontrar justificación legal o racional, nos inclinamos por sostener que el juez va al hospital, no tanto para visitar al enfermo como para conseguir otro informe médico en el que sustentar lo que no se podía sostener con los que obraban en las actuaciones", añade el escrito.

Añade que dicho intento fue en vano, porque del informe de los médicos de San Sebastián, que según esta parte se ocultó al Ministerio Fiscal, no se desprende tampoco que Uribetxeberria esté en situación terminal.

Incardinan la actitud del juez en un delito de prevaricación doloso, "no pudiendo tener amparo como imprudencia grave o ignorancia inexcusable" al ser consciente Castro de dictó "una resolución con apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho".

Advierten que el delito de prevaricación conlleva pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años", además de responsabilidad civil. Piden al Supremo que le interrogue en calidad de imputado y que solicite a la Audiencia Nacional toda la documental relativa a este caso.