Marcelino Sánchez deja el PSOE tras abrirse juicio oral por una contratación temporal como exalcalde de Úbeda

Así lo ha indicado este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación a los que ha informado de que fruto de la denuncia en la que el actual alcalde, José Robles (PP), lo "acusa de prevaricación", el pasado viernes recibió la comunicación de apertura de juicio oral y ese mismo día, "previa puesta a disposición" de su cargo en el IEG, fue cesado por el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y presentó su "baja voluntaria como militante".

Según ha explicado, esa acusación se fundamenta en su firma, con informe desfavorable de los técnicos, de una "contratación laboral por un mes" de un maquinista de retroexcavadora y conductor de camiones especiales vinculado al Partido Socialista". Se realizó en julio de 2010, cuando "no se disponía de ese personal en el Ayuntamiento por baja médica de uno de los empleados y ausencia por vacaciones de otro".

Sánchez, ha asegurado que ese contrato "no tenía ningún interés personal ni político" y se tramitó ante la "urgencia de reparación de los caminos destruidos por los temporales de invierno" y para llevar agua a la aldea de San Miguel en "pleno y caluroso mes de julio de ese verano", de manera que respondió "a necesidades perentorias de servicio público siguiendo el procedimiento habitual en esos casos".

El exregidor ha precisado que el informe de Intervención se argumentó en "ausencia de dinero en la partida correspondiente", algo que "era la situación permanente" del Consistorio, ya que "la partida de contratación temporal se alimentaba de las trasferencias que se hacían cada final de ejercicio con el sobrante de las dotaciones del personal funcionario, que disponía de mucho más dinero del que se gastaba". Así, se compensaba, como se había hecho "desde siempre".

Sobre el informe del área de Personal, ha dicho que fue contrario a esa contratación temporal "por no cumplir las obligaciones de mérito, capacidad y publicidad", si bien ha recalcado que "era criterio del funcionario informar desfavorablemente la contratación de cualquier persona que, en ausencia de bolsa de trabajo municipales proviniera del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", algo que se hizo para "evitar cualquier discrecionalidad, como se hacía también desde siempre".

CUESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ambos informes, "como mucho", producirían una "situación de nulidad de contrato por ilícito administrativo, pero en ningún caso una prevaricación como delito penal". En este punto, ha destacado que así "quedó acreditado" en el juicio que en el anterior mandato hubo contra el exalcalde 'popular' Juan Pizarro "al que acusaron de prevaricación por una razón idéntica", pero con la "diferencia de que en vez de un mes, eran decenas de contratos con informes desfavorables a personas afiliadas o familiares de afiliados del PP".

"El propio señor Robles, hoy denunciante, dejó dicho como testigo en los tribunales, que para las contrataciones temporales, a pesar de los informes desfavorables, ese era el procedimiento que se seguía en el Ayuntamiento desde siempre", ha manifestado Sánchez, quien ha dicho que no pretende usarlo como "arma arrojadiza", sino para "evidenciar que el sentido jurídico" de esos informes técnicos "no puede llevar a prevaricación sino a un defecto administrativo".

De hecho, el caso contra Pizarro "acabó con el sobreseimiento de la acusación de prevaricación tanto en el Juzgado de Instrucción de Úbeda y en la Audiencia de Jaén como en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) sin que en ningún caso se llegara a abrir juicio oral". Al hilo, ha apuntado que la jueza de Instrucción que analizó su caso "ya en su primer pronunciamiento decidió archivarlo provisionalmente 'porque no aparecen en la causa indicios bastantes de los hechos de relevancia penal que dieron lugar a la incoación de las presentes diligencias previas', a lo que es fiscal se sumó con pleno acuerdo"

"Es evidente que no se puede apreciar delito penal de prevaricación si no se tiene intención de hacer daño, ser injusto y tener evidente interés torticero en forzar la ley", ha declarado para insistir en que, "si hubiera algo, sería una irregularidad de carácter administrativo", añadiendo que, "incluso el fiscal en la segunda ocasión en que tuvo que pronunciarse estuvo de acuerdo con el archivo de la causa adhiriéndose al escrito" de la defensa en contra de la apertura de juicio que dictó la Audiencia Provincial.

CONVENCIDO DE QUE SALDRÁ "SIN MANCHA"

El exalcalde no tiene "ninguna duda" de que saldrá "sin mancha de este proceso", pero tampoco de que se trata de una acusación "de venganza de Robles, política y falsa a sabiendas" con el objetivo de hacerle "el mayor daño posible" a él en lo personal" y "en lo político" al PSOE, como "respuesta a la denuncias por el escándalo de la contratación de la esposa del concejal de Agricultura" en el Centro de Interpretación del Olivar.

A su juicio, es "ruin" en "momento políticos, económicos y sociales trufados de alarmantes casos de corrupción" que han provocado alarma y descrédito social de cualquier actividad pública y que produce "daño al meter a todo el mundo en el mismo saco", permitiendo una "lupa amplificadora sin ponderación ni discriminación de la entidad de cada tema".

"En mi caso, las consecuencias no sólo son desproporcionadas; son desoladoras porque tengo que asumir la pena antes de ser juzgado y condenado o ser absuelto, como va a ocurrir", ha indicado no sin recalcar que las asume "por convicción" y en "aplicación del código ético" socialista en la "confianza de que esta dolorosa situación sirva para reflexionar a la sociedad que todos los políticos no somos iguales y que el PSOE no es como el PP".

Frente a ello, ha criticado a quienes "se frotan las manos por una nueva pieza en su cacería" con "prácticas infames" y "exageradas a sabiendas, los mismos que tienen basura desde los cimientos hasta la novena planta de su sede para tapar tal dimensión de porquería colocan la lupa de aumento y deforman falsamente" la realidad para que "una deficiencia administrativa se convierta en un delito penal" con el objetivo de dañar "injustamente a sus adversarios tapando sus vergüenzas".