Margallo alerta de que Cataluña quiere crear en el exterior lainfraestructura para un futuro Estado independiente

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha advertido este miércoles de que la propia Generalitat de Cataluña ha admitido su deseo de ir creando en el extranjero la infraestructura que necesitaría un futuro Estado independiente.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde tenía una reunión con el Grupo Parlamentario Popular, el ministro ha explicado el anuncio que hizo esta mañana en una entrevista en televisión, en la que reveló que el Gobierno estudia recurrir la inminente apertura de dos nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y en Viena, así como la ley catalana de acción exterior.

El jefe de la diplomacia ha precisado que la petición formal en relación con la presentación de los recursos le corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero ha señalado que el departamento que él dirige ha hecho llegar a Hacienda sus "preocupaciones" sobre las "posibles vulneraciones" de la Constitución en las que puede incurrir la ley catalana de acción exterior, por un lado, así como los incumplimientos de la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado que habría cometido la Generalitat con su reciente decisión de abrir delegaciones en Austria e Italia.

El ministro ha recordado cómo el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, reconoció que la aprobación de la ley catalana de acción exterior respondía al "deseo" de la Generalitat de "crear las infraestructuras necesarias para atender la voluntad de que Cataluña sea un estado independiente".

Esa ley, que está redactada "con enorme cuidado", ha dicho el ministro, "desconoce" en cambio que la política exterior es "competencia exclusiva del Estado" y que su dirección "corresponde al Gobierno de la Nación".

CREAR 'MINIEMBAJADAS'

Desconoce también, ha abundado, "el principio de unidad de la acción exterior" del Estado y crea "un concepto de diplomacia pública que parece responder a ese deseo de crear (...) auténticas miniembajadas propias".

Así las cosas, el Ejecutivo tiene ahora que estudiar si dispone de "argumentos suficientemente sólidos" como para entablar un recurso de inconstitucionalidad respecto de la ley catalana de acción exterior y otros dos por la vía de lo contencioso administrativo en relación con la apertura de las delegaciones en Roma y en Viena.

Y es que la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado obliga a las autonomías a informar con carácter previo al Gobierno de su intención de abrir nuevas delegaciones en el exterior, algo que en este caso concreto se habría incumplido.

Tras esa comunicación, Exteriores debe decir en un informe no vinculante si la propuesta se adecúa a los objetivos de la política exterior y si cumple con el principio de la unidad de la acción exterior del Estado.

Hacienda, por su lado, tiene que pronunciarse sobre si existe una fórmula más barata que la apertura de nuevas oficinas para defender los intereses de Cataluña en el exterior, "cosa que es importante" en el caso catalán, al ser la autonomía que "tiene la deuda más abultada de España".

El ministro ha querido subrayar que no están pidiendo a la Generalitat "nada distinto de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación" que, ante la restricción del presupuesto, no está abriendo nuevas Embajadas, sino que está incorporando diplomáticos a las delegaciones de la UE en el extranjero y se plantea establecer Embajadas y otro tipo de oficinas conjuntas con estrechos aliados en Europa y América Latina.

"Sugerimos a la Generalitat que igual es más rentable ahorrarse este dinero (para abrir delegaciones en el extranjero) y dedicarlo a necesidades más perentorias", ha resumido.