Marisol Yagüe asegura que "no tiene nada que ver" en la ocultación de los atestados policiales

La exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe, a la que se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos, ha asegurado este lunes que "no tiene nada que ver" con la ocultación de un atestado policial perteneciente a Borja Fraile, sobrino del periodista José María García, en relación con un delito contra la seguridad del tráfico en agosto de 2005.

En este sentido, Yagüe, para la que se solicita nueve meses de inhabilitación para empleo y cargo público, ha declarado que "nunca" ha puesto a nadie "en el compromiso de parar algo". "Ni yo me lo permitiría como persona", ha añadido, después de que uno de los policías locales que detuvieron a Fraile declarase que recibió una llamada de la que era entonces regidora, en la que le preguntaba "si podía hacer algo" por el detenido.

Yagüe ha negado haber realizado esa llamada, al tiempo que ha asegurado desconocer tanto a Fraile como a su tío, a quien sólo conoce de escucharlo en la radio "por las noches". Preguntada por su letrada, ha manifestado, además, que no trabajaba durante los sábados, día en el que se produce la detención, y que no disponía de los teléfonos particulares de estos agentes.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Marbella durante 2004 y 2005, Rafael del Pozo, al que, junto a otros tres agentes, se le acusa por omisión del deber de perseguir delitos y, en algunos casos, por infidelidad en documento público; ha asegurado que no tuvo conocimiento de los dos atestados por los que se le imputa hasta que fue llamado desde el Juzgado de Marbella para declarar.

Sobre el primer documento, por un delito contra la seguridad del tráfico correspondiente a febrero de 2004, ha dicho que "no recuerda nada", aunque sí ha reconocido que conoce a su responsable, el fotógrafo Diego Arrabal, sólo por razones de índole profesional. Esta relación ha sido confirmada por Arrabal, quien ha aclarado que tuvo constancia de la desaparición del atestado por la prensa.

En cuanto al segundo atestado, abierto en mayo de 2005 contra un empleado del depósito municipal por malversación y falsificación en la documentación de un ciclomotor que, según su responsable, le fue entregada por el encargado del depósito tras una subasta, Del Pozo ha negado rotundamente haber visto el documento. Ha argumentado que carece de la marca que él mismo ponía a los que pasaban por sus manos.

El resto de los acusados han relatado el proceso de registro y salida de estos tres atestados, que permanecieron durante 15 meses en el cajón de uno los agentes, por entonces liberado sindical; dentro de un sobre "cerrado, sin destinatario, remitente, ni un fin concreto y con el anagrama del Ayuntamiento".

Según este agente, desconocía la importancia del contenido de dicho sobre, que encontró el día 17 de julio de 2007 mientras ordenaba su despacho; para, al día siguiente, ponerlo en conocimiento del responsable de Personal, quien le comunicó que se dirigiera a la Jefatura Provincial de la Policía.

Este agente ha asegurado que el sobre se lo había dado el subinspector de la policía, que coordinaba la oficina de Denuncias y el departamento de Atestados, el día en el que agentes de la Policía Nacional se encontraban investigando el despacho de Del Pozo por el caso 'Malaya'.

Ha informado que su cargo se limitaba a revisar formalmente los atestados, que son responsabilidad del instructor; de forma que el día 18 comprobó en la aplicación informática de este cuerpo que uno de los atestados no figuraba registrado.

Seguidamente, fue requerido por el jefe de la Policía Local para que le hiciera entrega de este atestado, correspondiente al de Fraile, y cuyo original se encontraba en el sobre junto con las copias y los otros dos documentos; aunque ha precisado que no lo hizo personalmente, sino que lo dejó en la antesala de su despacho.

Por su parte, el policía local acusado de dar de baja el documento ha indicado que no lo hizo, a pesar de que la aplicación informática se encontraba abierta con su contraseña. A este respecto, todos los testigos han coincidido en afirmar que, en ocasiones, utilizaban los ordenadores sin hacer uso de su cuenta de usuario, dado el clima de confianza existente en las dependencias.

Para Del Pozo y otros dos agentes, el fiscal solicita tres años de prisión, siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y multa de 13.500 euros por un delito continuado por omisión del deber de perseguir delito en concurso con otro, también continuado, de infidelidad de custodia de documentos.

El juicio continuará el próximo miércoles día 13 en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, donde previsiblemente comparecerán como testigos Borja Fraile y el periodista José María García, a petición de la defensa de Yagüe.