Marlaska pregunta a los 17 integrantes de la Sala de lo Penal si el caso Bolinaga debe ir a Pleno

Los 17 magistrados tendrán que contestar al presidente en un plazo de 24 horas a contar desde el próximo lunes día 10. La providencia especifica que será la Sección Primera la encargada de estudiar la libertad del preso "de manera inmediata" si no se reune la citada mayoría, de al menos 10 magistrados.

Marlaska, que se comprometió desde su toma de posesión a no ejercer la potestad que tiene como presidente de la Sala de lo Penal para avocar al Pleno los asuntos que considere pertinente, traslada además a sus compañeros de la Sala el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de conceder a Bolinaga la libertad por su enfermedad.

Según establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los magistrados podrán ser llamados para formar sala aunque la ley no lo exija "cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario", de forma que sería necesario el acuerdo de al menos 10 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal.

El Ministerio Público recurrió el pasado miércoles la decisión de Castro al considerar que "padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida" y pidió de forma expresa la revisión en Pleno.

INSACULACIÓN SI NO HAY MAYORÍA

En el caso de que los magistrados que apoyan la revisión en Pleno no alcancen la cifra mínima de 10 será un sorteo entre ellos el que determine el quinto miembro de la Sección Primera que estudiaría la excarcelación.

El magistrado elegido sustituiría a la juez Manuela Fernández Prado, que dispone de una licencia por estudios, y no podría participar en las deliberaciones. El resto del tribunal estaría formado por el presidente de la Sala de lo Penal y de la Sección Primera, Fernando Grande-Marlaska, y los jueces Nicolás Poveda, Ramón Sáez y Javier Martínez Lázaro. Los dos últimos, según fuentes jurídicas, son considerados dos de los magistrados más progresistas de la Audiencia Nacional.