Matas pide que se libre una comisión rogatoria a la OMT para acreditar el fin público de los foros de Palma

El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha solicitado que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, libre una comisión rogatoria a la Organización Mundial del Turismo (OMT) dirigida a acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron las dos ediciones de los Illes Balears Forum celebradas en Palma en 2005 y 2006 y por las que el Instituto Nóos percibió un total de 2,3 millones de euros del Ejecutivo balear.

En el recurso de apelación que ha interpuesto para pedir la práctica de diversas diligencias que ya fueron denegadas por el magistrado, el letrado del exmandatario autonómico, Antonio Alberca, asevera que el instructor "sólo puede denegar diligencias si se consideran inútiles o perjudiciales", pero no en función de circunstancias temporales como el hecho de que la instrucción está a punto de finalizar.

En su escrito de impugnación, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado rebate, ante las argumentaciones esgrimidas por el juez a la hora de desestimar sus peticiones, que "no se corresponde con la realidad" la alegación de que la defensa de Matas "ha tenido tres años para solicitar la práctica de estas diligencias, dado que el señor Matas fue imputado en diciembre de 2012 en esta causa y no hace tres años".

Asimismo, afirma que si no ha pedido antes la realización de estas diligencias se debe, entre otras razones, a que entendía que "por lógica procesal la instrucción tendría por objeto comprobar si ciertamente se habían celebrado los Illes Balears Forum y cómo se habían desarrollado, y sólo ahora, cuando hemos podido comprobar que se ha evitado investigar algo tan necesario, nos hemos visto obligados a solicitar su inmediata práctica".

Asimismo, expone como otro de los motivos el hecho de que la Audiencia Provincial de Baleares, en su auto por el que dejaba sin efecto la imputación de la Infanta Cristina, explicaba que a los fines de poder imputar conducta delictiva a Matas y demás responsables políticos "es imprescindible determinar si los eventos tenían un fin público". Sólo a partir de ese momento, añade, se ha planteado abrir esta vía de investigación.

Finalmente, la defensa del exministro destaca que no le ha sido fácil, "ya que no lo ha hecho el instructor, que cuenta con medios de investigación, averiguar qué personalidades e instituciones han tenido relación con los Illes Balears Forum, además de averiguar sus domicilios y demás datos de contacto". De hecho, recalca que ha sido "una ardua investigación, hecha sin apenas medios, que sólo en mayo de 2013 esta defensa ha podido concluir".

"SÓLO EL INTERÉS PÚBLICO ORIENTÓ A MATAS A CONTRATAR CON NÓOS"

El expresidente ya puso de relieve, en su anterior recurso, que "sólo el interés público" le orientó a la hora de que la Administración balear contratase con el Instituto Nóos de cara a la organización de los foros, y manifestó que el "prestigio internacional de las entidades y personalidades" objeto de los interrogatorios que quería que se practicasen, "permitiría acreditar la solvencia de los eventos y, por tanto, que fue sólo el interés público el criterio que orientó en todo momento a mi patrocinado".

De hecho, considera que el hecho de que el juez acordase tomar declaración a las personas radicadas dentro de España que solicitó Matas, pero no las que se encuentran fuera del país, "produce indefensión y vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes, así como a contar con las facilidades para preparar la defensa" del expresidente balear.

Es más, incidía en que con los medios tecnológicos actuales y los instrumentos internacionales en los que España es parte "entendemos que no supone dilación para el procedimiento ni entraña ninguna dificultad recabar la documentación solicitada y practicar las testificales propuestas, máxime cuando en nuestra petición facilitamos en la mayoría de los casos las direcciones electrónicas, postales, teléfono y fax de dichas entidades y personas".

"Entendemos así que debe primar el derecho a un proceso con todas las garantías como el que se practiquen los medios de prueba lícitos tendentes a acreditar la inocencia, y dado que no pueden calificarse de inútiles ni perjudiciales las diligencias documentales y testificales propuestas, debe accederse a las mismas", abundaba la defensa del exmáximo mandatario autonómico.