Maza y fiscales iberoamericanos expresan su apoyo a su colega de Venezuela, acosada por el chavismo

"Nuestro apoyo y solidaridad a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del Ministerio Público de Venezuela", reza la declaración conjunta emitida en el marco de la VI Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada el jueves en Buenos Aires.

La AIAMP ha recordado que "la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia" y, en consecuencia, se debe "defender permanentemente".

"Repudiamos todo acto contrario a la independencia y autonomía de los ministerios públicos, así como cualquier acto que afecte a la dirección de la investigación criminal y la titularidad de la acción penal reconocidos en las legislaciones internas", han dicho.

Además, han hecho un llamamiento "al respeto irrestricto de los mecanismos constitucionales y legales para la remoción y designación de los fiscales y procuradores", en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de anular el nombramiento del 'número dos' de Ortega Díaz.

No obstante, los fiscales iberoamericanos han subrayado que "los asuntos referidos a cuestiones internas de cada uno de los estados son ajenos a la AIAMP".

"Agradezco la solidaridad y el apoyo de ministerios públicos de Iberoamérica durante la reunión extraordinaria de la AIAMP", ha escrito en Twitter Ortega Díaz, que ha participado en la cita regional mediante una intervención telefónica desde Caracas.

Ortega Díaz ha aprovechado esta audiencia para criticar la última sentencia del TSJ, en la que establece que el Ministerio Público "solo puede imputar ante jueces de control", lo que la fiscal general ha interpretado como un intento de "obstaculizar" las investigaciones contra personas del Gobierno y su entorno por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.

"Es un precedente gravísimo que el Ejecutivo pretenda controlar las investigaciones penales", ha dicho Ortega Díaz, alertando de que estas decisiones judiciales ahondan en la "ruptura del orden constitucional" provocada por el Gobierno y por el propio TSJ.

Ortega Díaz ha imputado al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Benavides y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, entre otros, por la brutal represión de las manifestaciones opositoras, así como a varios funcionarios 'chavistas' por haber aceptado sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La fiscal general ha denunciado que tanto ella como el Ministerio Público son víctimas de una persecución política desde que criticó al Palacio de Miraflores, tras permanecer durante años leal al 'chavismo'. Ortega Díaz está pendiente de que el TSJ decida sobre su continuidad en el cargo por "faltas graves", aunque ya cuenta con que será cesada y sustituida por el vicefiscal general designado por el mismo tribunal.

Estos hechos se enmarcan en la inestabilidad política de los últimos años en Venezuela, que volvió a estallar el pasado mes de abril con una nueva ola de manifestaciones opositoras que han derivado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Más de 90 personas han muerto y miles han resultado heridas y han sido detenidas en estos tres meses.