La Mesa del Congreso se inclina por vetar las peticiones de comparecencia de Blanco, Salgado y Chacón

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, de la que forman parte tres diputados del PSOE y dos del PP, analizará la próxima semana las peticiones de comparecencia de tres miembros del Gobierno solicitadas por grupos de la oposición pero a priori se inclina por no admitir a trámite las solicitudes alegando que, con las Cortes disueltas, el Parlamento no tiene capacidad para ejercer la labor de control al Ejecutivo.

En estos días la Cámara Baja ha recibido tres peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno. Por un lado, IU y el BNG quieren que la vicepresidenta Elena Salgado informe de las indemnizaciones millonarias a directivos de cajas de ahorro y que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, explique la participación española en el escudo antimisiles de la OTAN. Por su parte, el PP exige que el Portavoz y titular de Fomento, Jose Blanco, aclare la acusación de receptación de dinero que contra él ha lanzado un empresario investigado por sobornos.

Las tres peticiones, y las que puedan añadirse en los próximos días, serán analizadas la próxima semana por la Mesa de la Diputación Permanente que preside José Bono, previsiblemente el jueves 13, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Sin embargo, en la Cámara Baja calculan que, a tenor de los precedentes, todas las peticiones de comparecencia serán rechazadas con el argumento manejado en ocasiones anteriores de que la Diputación Permanente, que es el único órgano que permanece vivo en este periodo de Cortes disueltas, no tiene capacidad legal para asumir la labor de control parlamentario. Sólo se le reconoce funciones de aprobación de decretos ley o de declaraciones de estado de sitio o alarma.

EL ÚNICO PRECEDENTE ES DE 1982

De hecho, no hay precedentes recientes de comparecencias del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso en periodos de disolución. La única excepción, según las mismas fuentes, se remonta a octubre de 1982, hace casi treinta años, cuando el entonces ministro de Defensa (Alberto Oliart, ex presidente de RTVE) acudió a la Cámara 'motu proprio' para informar de la intentona golpista en la Operación Galaxia.

Ese criterio de que no cabe control parlamentario con las Cortes disueltas fue precisamente el que esgrimió el PP, ahora peticionario de una de las comparecencias, cuando vetó en 2004 las peticiones del PSOE y de otros grupos de la oposición para que el entonces presidente José María Aznar informase de los motivos de la guerra de Irak y la inexistencia de armas de destrucción masiva.

Es una iniciativa "extemporánea, inconstitucional y antirreglamentaria", argumentaba el entonces portavoz del Grupo Popular, Luis De Grandes. La Diputación Permanente tiene "tasados" sus cometidos, apostillaba Eduardo Zaplana, en ese momento ministro Portavoz, quien recordaba que desde 1982 hubo acontecimientos posteriores de "gran trascendencia", entre los que citó la existencia de los GAL, que nunca llegaron a provocar la reunión de la Diputación Permanente.

El PSOE, que ahora es reacio a aceptar comparecencias, defendía en 2004 la legalidad del control parlamentario al Gobierno con las Cortes disueltas. Su entonces portavoz, Diego López Garrido, defendía que la Constitución, en su artículo 78 (puntos dos y tres), determina que la Diputación Permanente está para velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no están reunidas, y que en caso de disolución "seguirán ejerciendo sus funciones" hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales.

EL TC NO LLEGÓ A PRONUNCIARSE

Aquel caso de 2004 acabó en el Tribunal Constitucional, pues el PSOE recurrió en amparo la negativa de la Diputación Permanente a admitir la petición de comparecencia de Aznar. Pero el Alto Tribunal no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión porque, en su sentencia de 2009, inadmitió la impugnación de los socialistas por no llevar las firmas de recurrentes necesarias.

Lo que sí ha quedado reflejada en la sentencia fue la posición que mantuvo la Fiscalía General del Estado, ya con un Gobierno socialista, contraria al recurso del PSOE y avalando el criterio de que no cabe control parlamentario con las Cortes disueltas.

"El Ministerio Fiscal considera, en síntesis, que la comparecencia solicitada no está prevista expresamente en las reglas que ordenan el funcionamiento de la Diputación Permanente, no puede justificarse en los precedentes de la Cámara Baja y, además, tampoco resultaba constitucionalmente obligada a la luz de las reiteradas comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno para informar sobre la crisis de Iraq" recoge la sentencia, recogida por Europa Press.