La Mesa del Congreso, con el voto de PP y Cs, acepta otros cuatro vetos del Gobierno a leyes de la oposición

La Mesa del Congreso, con el voto de los diputados del PP y de Ciudadanos, ha aceptado este martes cuatro nuevos escritos de disconformidad del Gobierno que bloquean la tramitación de otras tantas leyes promovidas por la oposición, con lo que la cifra de iniciativas legislativas vetadas este legislatura ronda ya las 55.

En concreto, se han bloqueado tres proposiciones de ley de Unidos Podemos --revalorización de pensiones, recargo de solidaridad a entidades de crédito y traspaso a Galicia de la AP-9-- y una del PSOE sobre un fondo para garantizar a personas con discapacidad la accesibilidad universal de la Administración.

Para la portavoz socialista, Margarita Robles, este último veto demuestra es "especialmente preocupante" porque pone de manifiesto la "insensibilidad del Gobierno" con aquellas personas que lo pasan peor.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Irene Montero, se ha dirigido directamente a Ciudadanos para pedir al partido de Albert Rivera que "abandone esa política de vetos que sostiene al PP e impide que se debatan cuestiones fundamentales en la sede de la soberanía popular".

CS RECUERDA QUE LOS VETOS SON DEL GOBIERNO, NO DEL CONGRESO

A este respecto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha recalcado que su partido no veta "nada" sino que "quien veta es el Gobierno", y que el Congreso respalda esta decisión "si no hay una decisión arbitraria o irracional", ya que reconocen y respetan la prerrogativa constitucional.

Según Miguel Anxo Fernán Vello, portavoz de En Marea, son "vetos políticos" con los que "el Ejecutivo prohíbe el debate al Legislativo", lo que a su juicio indica que el de Mariano Rajoy es "un gobierno absolutista que se sabe en minoría".

Y ha llamado especialmente la atención sobre el veto al traspaso a Galicia de la Autopista de Peaje AP-9, que había sido apoyado por todos los grupos en esa comunidad. A su juicio, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo demuestra comportarse "como una marioneta y un ventrílocuo de lo que dicta Madrid".

La Constitución otorga al Gobierno capacidad para bloquear la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que puedan alterar su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de coste o por una disminución de los ingresos.

Haciendo uso de ese artículo 134.6 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy lleva presentados esta legislatura escritos de disconformidad a más de medio centenar de proposición de ley, en su mayoría de la oposición, aunque también hay casos de leyes procedentes de Parlamentos autonómicos, algunas incluso apoyadas por el PP local.

LOS DOS VETOS DESOÍDOS HAN ACABADO EN EL TC

La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, ha dado por buenos esos vetos entendiendo que la Constitución habilita al Ejecutivo para presentarlos. Sólo ha ignorado la disconformidad de Moncloa en dos proposiciones de ley del PSOE, una para paralizar la Ley de Educación (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de las subcontratas, y en ambos casos el Gobierno replicó presentando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que aún está pendiente de sentencia.

Según los datos que el Gobierno ofreció este lunes a la cúpula del PP, las leyes cuya tramitación se ha vetado habrían supuesto un gasto público no presupuestado de unos 89.000 millones de euros, lo que según los 'populares' justifica el bloqueo de las iniciativas.

Entre las leyes vetadas figuran iniciativas para equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad, para cuadruplicar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, para subir las pensiones y actualizarlas al ritmo de la inflación, para paralizar la aplicación de la LOMCE o ampliar la Ley de Memoria Histórica.

También han chocado con el 'no' del Ejecutivo por motivos presupuestarios proposiciones que perseguían suprimir tasas judiciales, atajar la pobreza energética, universalizar la asistencia sanitaria, fomentar el autoconsumo eléctrico, compensar a víctimas del amianto, o que el Estado asumiera la titularidad de la autopista de peaje AP-9.