El letrado de Blesa afirma que las pruebas presentadas por Bankia están manipuladas

Así se ha expresado Carlos Aguilar en esta décimo octava sesión dedicada a la exposición de conclusiones en la que ha asegurado que argumentar que se instauró un sistema clandestino con el uso de las visas es "faltar a la verdad" y se ha remitido al acuerdo del 24 de mayo de 1988 de nacimiento de las 'black'. "Ese es el corpus societario en el que se ha de basar las resoluciones de la sala", ha sentenciado.

"Se consigue que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí", ha dicho el letrado citando a la novela 'Alicia en el país de las maravillas', para añadir que los 65 exaltos cargos y directivos que hicieron uso de las black y que se enfrentan a delito continuado de apropiación indebida, han recibido una condena anticipada.

"La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012; nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo", ha expuesto responsabilizando del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.

PRUEBAS MANIPULADAS

El letrado ha alegado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que las acusaciones han empleado las pruebas presentadas -especialmente el informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG y la hoja Excel con el desglose de gastos- "de manera indebida y sin respeto a la buena fe".

Dichas pruebas presentadas por Bankia ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, que ejerce la acusación particular, están "manipuladas" y no tiene elemento probatorio. "En absoluto existe una prueba legítima de cargo", ha alegado par añadir que este proceso judicial tiene un origen "ciertamente oscuro".

El Ministerio Fiscal no aplicó la atenuante de reparación de daño a Blesa para el que pide seis años de prisión por cargar a su tarjeta 436.688 euros. El exdirectivo precisó en su declaración ante el tribunal que su tarjetas era de libre disposición y que los organismos reguladores nunca pusieron tacha a esta práctica.

Se trata de la décimo octava sesión de juicio en el que se dirime si los 65 encausados cometieron o no delito por el uso de las tarjetas presuntamente opacas y a las que cargaron compras en joyerías, restaurantes, menaje o artículos de lujo y personales por valor de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.