Militares implicados en la muerte de los jesuitas rechazan ser extraditados a España

Los nueve militares implicados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en el año 1989 que se entregaron el pasado 7 de agosto han rechazado ser extraditados a España alegando que desconocen la jurisdicción de la Audiencia Nacional española sobre el caso.

"Rechazamos categóricamente las acusaciones que se nos pretenden imputar en la querella presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado que nos tocó vivir", informan los exoficiales en un comunicado divulgado por el salvadoreño 'Diario de hoy'.

Los nueve exmilitares se entregaron el pasado 7 de agosto ante el Ministerio de Defensa de El Salvador tras conocer la orden de captura de difusión roja emitida por la Interpol. Actualmente se encuentran recluidos en una sede militar y están a disposición de la Corte Suprema de Justicia de esa nación centroamericana.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó el pasado 30 de mayo la captura de una veintena de militares involucrados en la muerte de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López.

La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989 --en pleno conflicto armado interno de El Salvador-- cuando miembros del Batallón Atlacatl atacaron la sede de la Universidad Centroamericana y asesinaron a los sacerdotes antes mencionados y a dos mujeres, entre ellas, una adolescente de 16 años. Diez uniformados fueron condenados en 1991 por este hecho, pero dos años más tarde quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil (1980-1992).

Los exmilitares acusados exhortan al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, a presentar una "una enérgica condena" al Gobierno de España por "la clara violación" de la soberanía nacional y por la "intromisión" del juez Velasco en asuntos que "únicamente" competen a la justicia de El Salvador.

Los nueve implicados que se presentaron "voluntariamente" ante el Ministerio de Defensa son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi.

También se encuentran José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo. La difusión roja de la Interpol incluye también a René Emilio Ponce, fallecido el pasado 2 de mayo.

SIN ORDEN DE EXTRADICIÓN

El Salvador asegura que España todavía no ha presentado una solicitud de extradición de los nueve exmilitares implicados en la matanza de los jesuitas. La Corte Suprema de Justicia se reunió el martes para analizar el caso pero aún no define la situación de los acusados.

El juez doceavo de Paz de San Salvador, Carlos Roberto Calderón, explicó que los militares no han sido detenidos formalmente por la Policía Nacional Civil de El Salvador y, por tanto, no se puede decir que se ha cumplido con la orden de difusión roja emitida por Interpol.

"No estamos hablando de que existe un proceso de extradición, porque no hay un proceso de extradición, porque no hay una petición", aclaró el juez Calderón en declaraciones citadas por el diario salvadoreño 'El Mundo'.

"Bajo esa circunstancia tampoco se decretó ninguna medida en contra de los militares porque lo que ellos han hecho es un sometimiento voluntario a poder enfrentar cualquier circunstancia a la imputación que se les está haciendo", explicó.

Los oficiales retirados se encuentran actualmente en la Brigada de Seguridad Militar. El juez Calderón destacó que al estar en "resguardo voluntario" no podrán ser detenidos, pese a que existe una solicitud de la Interpol desde el pasado 4 de agosto, debido a que desde el momento en que el Ministerio de Defensa los remitió al Juzgado número 12 de Paz de la capital pasaron a disposición de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, según informa el rotativo.

La orden de captura debió ser cumplida por la Policía Nacional Civil de El Salvador, sin embargo, los nueve implicados se adelantaron y prefirieron presentarse ante el Ministerio de Defensa. Calderón aclaró que no se puede hablar que hubo "negligencia" por parte de la Policía porque estaba en sus manos decidir "cuándo era prudente ejecutar" la solicitud de arresto.

El Supremo deberá ahora designar al juez que seguirá conociendo el proceso y que valorará si es procedente o no detener a los exmilitares, tal y como lo pide la Interpol. Una vez que se cumpla de manera efectiva la orden de captura y se les reconozca como detenidos, España tendrá un plazo de 60 días para enviar al Ministerio de Exteriores de El Salvador la solicitud de extradición, explica el rotativo.