Miquel Nadal (UM) acepta 11 meses de prisión por el 'caso Minser' tras alcanzar un pacto con Fiscalía

El ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, ha aceptado este martes una condena de 11 meses de prisión por el desvío de 60.000 euros públicos hacia Unió Mallorquina en 2006 mediante contratos ficticios, dentro del conocido como 'caso Minser'.

Así ha quedado acordado entre las partes durante una vista previa que ha tenido lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Los acusados han aceptado también devolver la cantidad malversada, que ya han consignado. Esta petición de responsabilidad civil se ha retirado para la ya extinta Unió Mallorquina.

A Nadal se le impone, como autor de los hechos -el resto son considerados cooperadores necesarios-, la pena de 11 meses de prisión e inhabilitación especial para cargos de designación política o jefatura en el Consell de Mallorca durante cuatro años (un año y medio por malversación y dos años y medio por el delito de prevaricación).

El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha mantenido la acusación contra él, con un delito de fraude a la administración además de los dos mencionados, pero se ha entendido absorbido dentro del delito de malversación. Nadal no ha asistido presencialmente a la vista sino que ha manifestado su conformidad a través de videoconferencia.

Por otro lado, la secretaria general técnica de Vicepresidencia en el momento de los hechos, Eugenia Cañellas, ha aceptado un año y tres meses -a sustituir por una multa de más de 5.000 euros- y una inhabilitación absoluta por tiempo de tres años.

Igualmente, el jefe de la Secretaría de Presidencia, Antonio Salom, ha aceptado un año de cárcel e inhabilitación especial durante tres años y nueve meses para diferentes funciones en el Consell de Mallorca. Además, el fiscal y el abogado del Consell de Mallorca, Cristóbal Barceló, no se han opuesto a la suspensión de la pena por tres años -con la condición de no volver a delinquir en ese plazo-.

En cuanto a los empresarios acusados, Juan Carlos Escuer y Gabriel Ribas -cotitulares de Minser Consulting, Inmogroup e Infocom-, ambos han aceptado, cada uno, penas de siete meses de cárcel y una multa de más de 2.000 euros. Para ellos se ha apreciado la circunstancia atenuante de confesión, puesto que aportaron "datos importantes y relevantes para la investigación de los hechos".

A Nadal y a Salom se les ha aplicado el Código Penal posterior a la reforma de 2015 por resultar más favorable. A todos se les ha aplicado también la circunstancia atenuante de reparación del daño y de dilaciones indebidas -porque desde que se inició la causa han transcurrido más de seis años y ha estado paralizada durante periodos innecesarios no imputables a los acusados-.

CONTRATOS FICTICIOS

En virtud del pacto suscrito, los acusados han reconocido que en 2006, cuando gobernaban el Consell de Mallorca, idearon un plan guiado para beneficiar a UM a través la adjudicación de contratos ficticios a empresarios afines para sustraer fondos públicos insulares. A cambio, los empresarios serían retribuidos con futuros contratos públicos.

Para conseguirlo, Nadal se concertó con los dos titulares de Minser Consulting, Inmogroup e Infocom para adjudicarles dos contratos públicos por 30.000 euros cada uno. Este dinero, sin embargo, se dedicaría a contratar a través de estas empresas a personal para que trabajase para UM en la sede del partido, o a dar de alta a trabajadores ficticios para destinar su sueldo a UM.

Los contratos -realizados mediante la figura de negociado sin publicidad- se tramitaron obviando requisitos legales: por ejemplo, no se hizo la correspondiente consulta para la fijación de los precios, no consta la utilidad de los informes encargados y todas las empresas invitadas a participar estaban relacionadas.

Los supuestos contratos tenían por objeto realizar una investigación sobre los hábitos de lectura en niños y adolescentes y elaborar un informe de la instalación de indicadores exteriores informativos sobre inversiones y obras realizadas por el Consell. En el escrito de conformidad se reconoce que estos contratos carecen de utilidad pública.

Con esta trama, los acusados consiguieron que 60.000 euros públicos fueran desviados para beneficio privado de UM.