“La realidad es más dura de lo que pensábamos y también lo serán las medidas”

Carta al gobernador del Banco de España

La vicepresidenta, que ha comparecido en solitario, ha explicado que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se dirigirá por carta al gobernador del Banco de España para requerirle sobre la posición de la entidad relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas. Según el informe, el Gobierno adoptará medidas para no premiar a los gestores que han necesitado dinero público.

En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando.

La vicepresidenta del Gobierno adelantó que dependiendo del informe que presente el gobernador de la institución, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.

Informe sobre Garoña

El Gobierno requerirá, a petición del Ministerio Industria, un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prolongación de la vida útil de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre estaba previsto para el año 2013 tras una prórroga concedida por el anterior Ejecutivo, según ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, ha recordado que el CSN es el encargado de elaborar los informes "sobre las condiciones técnicas y posibilidad de prolongación de la vida útil" de las centrales nucleares y es por ello que han preferido solicitar este documento antes de adoptar Industria una decisión sobre Garoña.

Asimismo, ha apuntado que esta decisión --contraria a la adoptada por el anterior Gobierno-- se produce a raíz del cambio normativo pactado tanto por PP como por el PSOE con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.

Así, ha explicado que en esta ley se incluían los requisitos que había que adoptarse en el ámbito de la planificación de la energía y, en particular, de la nuclear, y, entre ellos, se contemplaba la opción de someter este tipo de decisiones al criterio del CSN "como elemento clave".

Plan contra el fraude fiscal

En el área del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Sáenz de Santamaría ha anunciado un plan contra el fraude cuyo objetivo es recaudar más de 8.000 millones de euros intensificando la investigación del fraude fiscal, el control en la fase recaudatoria y el intercambio de información con las Comunidades Autónomas. La finalidad, según la vicepresidenta, es reducir el déficit y mantener la equidad porque “no hay sistema más injusto que aquel que no se cumple o que permite que no se cumpla”.

En este sentido se pedirá información a países que han dejado de ser paraísos fiscales y se incentivarán nuevos convenios para el cerco y la erradicación de paraísos fiscales.

Respecto a la economía sumergida, el Ejecutivo intensificará la inspección del trabajo y de la Seguridad Social y se utilizarán otros mecanismos de información que pueden poner en evidencia la economía sumergida como recibos de la luz y uso de tarjetas de crédito.

Al mismo tiempo se tomarán medidas similares a las adoptadas en Francia e Italia para limitar el uso del pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para luchar contra la economía sumergida.

Respecto a las 4.000 fundaciones, consorcios y empresas que forman parte de las Administraciones Públicas, se ha requerido un informe con el fin de reducirlas, fusionarlas o eliminarlas. En el próximo Consejo de Política Fiscal se exigirá a las autonomías que supriman 431 entidades públicas. En 2010 se fijó el reto de 500 y solo se han eliminado 69 (14%).

Déficit de la Seguridad Social

En el Consejo de Ministros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, ha presentado un informe sobre la situación de la Seguridad Social que refleja un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB.

Frente a esto, Soraya Sáenz de Santamaría ha querido mandar “un mensaje de tranquilidad” a pensionistas y ciudadanos y ha asegurado que la Seguridad Social cumplirá “puntualmente” con los pagos.

La vicepresidenta, que ha comentado que esta situación le recuerda a la de 1996, ha insistido en que la realidad económica es "más dura" de lo que pensaba el Gobierno, por lo que ha advertido de que las medidas que adoptará en el futuro "también lo serán".