El concejal adjunto de Móstoles está detenido por un contrato con Cofely que asciende a 72 millones

El alcalde del municipio, Daniel Ortiz, ha procedido esta mañana a cesarle de todas sus funciones, "atendiendo al principio de transparencia que rige la actividad pública del Ayuntamiento, hasta que la situación judicial se aclare".

"Desde la presunción de inocencia, como alcalde creo que Alejandro de Utrilla podrá ejercer una mejor defensa apartado de sus labores en el Consistorio", ha asegurado Ortiz, cuyo Ayuntamiento fue uno de los registrados ayer en el marco de la investigación, que corre a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aunque en un primer momento se hablara de que parte de la documentación registrada pertenecía a los años 1999 y 2003, cuando gobernaba el socialista José María Arteta, finalmente el foco de la investigación en este Ayuntamiento se ha centrado en el contrato con Cofely, una de las empresas sobre las que pivotaba la trama.

El acta de la Mesa de Contratación del Consistorio del 9 de mayo de 2014 referente a este contrato se refiere a la propuesta de adjudicación para el suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de edificios educativos del municipio de Móstoles, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

A este respecto señala que "la empresa Cofely España SAU obtuvo la mejor puntuación según los criterios de valoración establecidos ofertando 5 millones de euros más un millón de euros de IVA anuales" y añade que "puesto que se ajusta a los pliegos que rigen la licitación" se propone "la adjudicación a la referida mercantil".

El artículo 13 del contrato señala que el contrato "tendrá una duración de doce años pudiéndose prorrogar de mutuo acuerdo entre las partes por periodos de un año", hasta un máximo de cinco años a contar desde el 1 de enero de 2014 o desde el día siguiente al de la firma del contrato".