Mulet (Compromís) apuesta por demoler el monumento del Valle de los Caídos y aprobar una nueva Ley de Memoria

En rueda de prensa, Mulet ha explicado que el derribo no se contempla en la ley que propone su partido, que deja abierto el futuro del edificio a lo que se decida. Lo que la norma establece es que el Valle de los Caídos deje de ser "un mausoleo franquista", que se trasladen a otro lugar los restos del dictador y que se exhume los cadáveres de los miles de víctimas enterradas allí.

"Hay que quitar cualquier reminiscencia del anterior régimen lo que, desde mi punto de vista, conlleva la desaparición física del enclave", ha dicho el senador.

Mulet ha defendido la necesidad de recuperar una partida anual en los Presupuestos del Estado para abrir las fosas comunes, una dotación que se mantuvo en los primeros años de aplicación de la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por importe de 1,5 a 2 millones de euros, ha dicho, pero que desapareció con el Ejecutivo actual de Mariano Rajoy.

La norma que propone Compromís se debatirá esta tarde en el Pleno del Senado, que rechazará previsiblemente su tramitación dado el voto en contra del PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta. En el texto se considera víctimas del franquismo a todas las personas que sufrieron el golpe militar de 1936, que fueron reprimidas por la dictadura hasta 1978 o que tuvieron que exiliarse, quienes fueron acusadas por sentencias de tribunales franquistas, las mujeres que padecieron humillación o los que desaparecieron durante la dictadura y durante la transición hasta 1990, se precisa.

ACABAR CON LAS FOSAS

Junto a Compromís han comparecido en rueda de prensa Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal Foro de la Memoria, y Julián Rebollo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, cuyas entidades han colaborado en la redacción de la ley.

Arturo Peinado ha explicado que esta norma aporta tres novedades con respecto a la de 2007. Por un lado, el reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo; también, que se parte de la consideración de ilegal del régimen de Franco, lo que se traduce en la ilegalidad de todas las sentencias que produjo; además, ha subrayado que con esta ley se adjudica al Estado la responsabilidad sobre la apertura de las fosas comunes, asunto que pasaría a estar judicializado y no quedaría en manos privadas, de las organizaciones y entidades que promueven las exhumaciones, como hasta ahora.

Peinado también ha criticado que se pregunte habitualmente cuál es el coste de abrir las fosas, cuando no se plantea esta duda si la Justicia ordena la búsqueda de otras víctimas como es el caso de Marta del Castillo. "Hay que hacer justicia y tiene que haber un presupuesto suficiente", ha defendido.