Negociación para la reforma constitucional a contrarreloj

Parece que el acuerdo inicial anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado por el líder del PP, Mariano Rajoy, en el Congreso para establecer el límite de déficit y deuda en la Constitución se complica. Los socialistas, con el candidato a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza apuestan por la flexibilidad y el equilibrio que admite el déficit estructural y que limite el déficit cero a épocas de crecimiento económico normal (entre el 2% y el 3% para la economía española), que debe buscar el superávit si se supera el 3%, pero con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%.

Rubalcaba quiere que la redacción final de la reforma sea lo suficientemente "flexible" como para garantizar que se mantengan los servicios fundamentales y las políticas sociales cuando haya momentos puntuales de dificultad, como pueden ser una crisis o una catástrofe.

Los populares, en cambio, con su portavoz Soraya Sáenz de Santamaría al frente de la negociación se han sentado en la mesa con la idea clara de un equilibrio puro y duro, que no pasas por otra cosa que por el déficit cero, según fuentes socialistas. Santamaría, no obstante, ha dicho que las negociaciones van "a buen ritmo": "Se está trabajando bien, el acuerdo avanza, no veo grandes discrepancias".

De una u otra forma lo único que está claro que el día de hoy es clave en la negociación. Este viernes, como muy tarde, deben presentar un texto en el Congreso. De otro modo no daría tiempo a tramitar la reforma en esta legislatura.

De presentarse el texto a tiempo, el primer pleno se celebraría el martes 30 de agosto y, una vez que la reforma sea admitida a trámite, se abriría un plazo de 48 horas para presentar enmiendas de totalidad y al articulado que se discutirían en una segunda sesión plenaria a celebrar el viernes 2 de septiembre. Para convocar este segundo Pleno ya no se precisaría contar con 176 diputados porque, al estar dentro del periodo ordinario de sesiones, bastaría con la firma de los portavoces de los dos grupos parlamentarios.