Nueva Canarias pide a Interior medidas para terminar con los gastos "injustificados" en el CIE de Fuerteventura

En concreto, la moción pide que se contemple la "modificación o extinción de los contratos públicos correspondientes en lo relativo a dicho centro", ya que López Santana consideró que se está, "como mínimo, ante una gestión ineficaz de los recursos públicos", según informó NC en nota de prensa.

De todos modos, consideró que "podría ser algo más que eso" porque, afirmó, un juzgado está investigando, en el marco de la Operación Grapa, a la empresa beneficiaria del contrato de alimentación y a funcionarios responsables de contratación "por estar inmersos en una trama de amaño de contratos de alimentación en otros centros policiales".

El centro, dijo, "continúa abierto sobre el papel a pesar de que en la práctica lleva desocupado desde 2011", de ahí que apuntó se continúa teniendo en cuenta para contratar los gastos de limpieza, alimentación, mantenimiento, equipación, consumo y servicio médico.

"Se está pagando alrededor de un millón de euros de dinero público cada año a empresas privadas para llevar a cabo unos servicios que no se pueden prestar en un recinto que no se utiliza", apuntilló.

Para la senadora esto está "absolutamente injustificado", al tiempo que consideró "inadmisible" en el mantenimiento de estos gastos. Agregó que en tanto no se proceda al cierre definitivo de este centro, NC solicita la eliminación de los gastos del CIE de Fuerteventura.

En este sentido, subrayó que si el Gobierno "no actúa, que los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto". A ello sumó la "opacidad que mantiene el Gobierno de Mariano Rajoy sobre los gastos del CIE de Fuerteventura", algo que incidió es "alarmante" en relación al año que tardó el Ejecutivo central en entregar el informe con estos datos.

También consideró "alarmante" el que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, "no haya manifestado ni siquiera la voluntad de revisar y cuestionar el planteamiento de la contratación".

Finalmente, recordó que en febrero solicitó copia de las órdenes de pago relacionadas con el CIE de Fuerteventura y de los documentos requeridos en el propio contrato de licitación para prever y acreditar la realización del servicio de alimentación, así como pidió información sobre la fecha en la que se realizó la última limpieza del centro, pero afirmó que ante las "dificultades que de nuevo ha puesto el Ejecutivo para facilitar los datos de los gastos en este centro", ha tenido que presentar una solicitud de amparo a la Presidencia del Senado para reclamar su derecho de acceso a la información.