Nuevo juicio este lunes contra el exalcalde de Atarfe (Granada) por el caso del Residencial la Estrella

La Fiscalía pide para el regidor y los trabajadores municipales, Luis Gustavo G.C. y José Antonio L.G., tres años y medio de cárcel, 22 y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación ordinaria y urbanística y malversación, y acusa también al promotor presuntamente implicado, Francisco Espartero, que se enfrenta a cuatro años de prisión, multas de 16.200 euros, e inhabilitación especial para profesión u oficio, por delito contra la ordenación del territorio y estafa.

Este nuevo juicio, que tendrá lugar casi dos años después de que decretara su apertura el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, se produce en un momento en el que ya han sido suspendidas vistas anteriores por el estado de salud de Sánchez.

De hecho, recientemente la Audiencia rechazó el recurso de la Fiscalía contra el resolución que acordó suspender el juicio y archivar provisionalmente por motivos de salud la causa en la que el exalcalde estaba acusado de prevaricación por una operación relacionada con terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.

Se confirmaba así el auto que en mayo dictó la Sección Primera, y que llevó también a suspender otra causa que estaba pendiente contra él en el mismo tribunal en junio, por la que la Fiscalía le pedía cuatro años y medio de prisión, 18 de inhabilitación y multa de 6.000 euros por delito continuado de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

En este nuevo caso que debería juzgarse este lunes, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que el que fuera alcalde, el arquitecto y el secretario municipales decidieron autorizar la construcción del Residencial La Estrella, "mediante la elaboración de un plan preconcebido y actuando de común acuerdo", a la empresa Residencial Estrella de Atarfe S.L. de la que es administrador único Francisco Espartero, en unos terrenos con una superficie de 6.413 metros cuadrados.

Se trataba de una parcela de carácter equipamental, situada en suelo urbano dotacional público, por lo que la autorización de la construcción requería, "en todo caso", el cumplimiento de los requisitos y los trámites legalmente previstos y exigidos por la normativa urbanística.

Así, los acusados, "guiados por el ánimo de beneficiar económicamente" a la empresa de Espartero, "previamente concertados y en connivencia" con el promotor, "idearon un plan", creando la "apariencia" de que iban a respetar el proyecto inicialmente presentado de construcción de un residencial de viviendas destinadas a la tercera edad, con las características propias de este tipo de edificaciones, "cuando lo realmente pretendido era la venta libre", porque iba a generar "mayores beneficios", aunque con el "consiguiente grave perjuicio" al municipio.

Ya el 3 de octubre de 1997, Sánchez acordó en pleno la cesión a favor de la empresa municipal Proyecto Atarfe S.A. de los terrenos de esa parcela, ubicada en la UE 9, "previo informe favorable" del también imputado secretario municipal. Posteriormente, Sánchez, en su condición también de presidente del consejo de administración de Proyecto Atarfe aceptó el 6 de febrero de 1998 la cesión y posible enajenación de los terrenos destinados a equipamientos fijando un precio de venta de entre 1.500 y 2.000 de pesetas el metro cuadrado, sin la correspondiente desafección, en contra de lo que exige la normativa urbanística.

De esta forma, vendió el regidor a Espartero mediante escritura la parcela de 6.413 metros cuadrados, a un total de 9.619.500 pesetas (1.500 el metro cuadrado), con la condición de que la finca adquirida fuera destinada a equipamientos o usos de interés social.

PROYECTO NO ACORDE AL USO DEL SUELO

Asimismo, el empresario, "con la intención de construir una edificación de carácter privado y para eludir" esa obligación, presentó ante el Ayuntamiento para obtener licencia un proyecto básico y de ejecución del Residencial la Estrella para personas mayores. Por tanto, debería tratarse de un centro dedicado a la prestación de residencia, como equipamiento sustitutivo del hogar a aquellas personas que lo precisasen de forma temporal o permanente.

Sin embargo, no cumplió con el uso público sanitario asistencial previsto, ya que proyectó la edificación, según el fiscal, para ser enajenada a tantas personas al menos como número de viviendas previstas, quedando así patente su intención de "proceder a su venta privada a particulares".

El 25 de noviembre de 2002 el alcalde, "sin tramitar el correspondiente expediente administrativo" para la autorización de la prestación del servicio de residencia, "que era evidente que no se pretendía realizar", otorgó a la entidad Residencial Estrella de Atarfe S.L. licencia de obras en su condición de equipamental, consistente en la construcción de 116 apartamentos para personas mayores, con locales comerciales y aparcamientos.

Ello, previo informe favorable del arquitecto municipal, que era "pleno conocedor" de las condiciones exigidas para este tipo de suelo y de su "incumplimiento" en el proyecto de ejecución presentado, y con el consentimiento también del secretario, que permitió la enajenación de un bien demanial "faltando a su deber de velar por el cumplimiento de la legalidad".

Finalmente, el promotor, "guiado por el ánimo de obtener ilícitos beneficios económicos", ejecutó un conjunto residencial con apartamentos que no cumplían con las condiciones exigidas, sin establecer los servicios para satisfacer las necesidades de los ancianos, que deberían haber sido los destinatarios de las viviendas.

De hecho, procedió a enajenar los apartamentos a personas que no cumplían con los requisitos originariamente establecidos, e incluso vendió varios de ellos a un solo comprador para su posterior venta o alquiler a otras personas, provocando que todas las viviendas fueran libres y ocasionando un "grave perjuicio" a aquellos que adquirieron los inmuebles ofertados en la creencia de que iban a satisfacer sus necesidades como personas de la tercera edad.

A pesar de lo anterior, el alcalde, "con pleno conocimiento de tales irregularidades", concedió las correspondientes licencias de ocupación el 21 de octubre de 2004 y el 21 de enero de 2006, "certificando así que todo estaba correctamente realizado, cuando la realidad era otra".

INDEMNIZACIÓN AL MUNICIPIO POR EL PERJUICIO OCASIONADO

El Ministerio Público solicita además la declaración de nulidad de la escritura de compraventa, de la licencia de obras y de las licencias de ocupación, e interesa la demolición de las viviendas realizadas por Espartero conforme a esas licencias.

Asimismo, pide el fiscal que tanto el exalcalde, como el secretario y el arquitecto municipales indemnicen "conjunta y solidariamente" al municipio de Atarfe "por el perjuicio causado a éste a consecuencia de la enajenación de un bien demanial a un tercero particular" en una cantidad por determinar.

También exige para el promotor el pago de 10.000 euros a cada uno de los 31 ancianos afectados por la compra, en concepto de daños morales, y con la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Residencial Estrella de Atarfe.