La juez Núñez impone una fianza civil de 27.940 euros a un empresario de la Sierra Norte imputado en los ERE

En un auto fechado el día 25 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada fija en concreto esta fianza para Juan Miguel Mejías Álvarez, socio y presidente de SCA Virgen del Robledo, una almazara de aceite ubicada en la localidad sevillana de Constantina.

La instructora considera que este imputado, "en virtud de la influencia ejercida sobre su amigo/conocido", el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y "teniendo en cuenta que se había enterado que otras empresas de la Sierra Norte habían sido favorecidas con ayudas concedidas" por la Junta, "hablaría con él sobre la necesidad de una subvención para reformar la almazara y adaptarla a la normativa europea".

Según la magistrada, "también le dirigiría a Guerrero una carta el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo Alcalá, presentándole éste el proyecto de reforma del 'común amigo' de ambos Juan Miguel Mejías", punto en el que añade que el propio imputado "ha reconocido que Antonio Carrillo intervino en el expediente por sus buenos contactos con Guerrero a través de recordatorios para que agilizase el pago de la subvención".

La ayuda concedida, "sin que exista siquiera resolución de otorgamiento", ascendió "debido a la influencia por el hoy inculpado y por Guerrero" a 190.000 euros, siendo "instrumentalizada mediante convenio con IFA de 8 de marzo de 2004, pagada el 27 de diciembre de 2005, y todo ello sin que mediara solicitud de ayuda, ni documentación justificativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

La juez dice que "consta el proyecto de reforma para acondicionamiento de una nave y la instalación de una nueva línea de limpieza, lavado y pesado de las aceitunas, pero no consta la justificación de la inversión y la ayuda recibida se destinaría inicialmente a la financiación de la propia cooperativa, pues indiciariamente tras su ingreso se utilizaría para pagar parte de la liquidación de las aceitunas a los socios".

La magistrada considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en su condición de extraneus.

Por todo ello, fija la fianza civil en 27.940,53 euros, cantidad que resulta de restar a la suma por la que ahora procedería constituir fianza, que es de 253.333,33 euros --190.000 euros, que es el importe de la ayuda concedida, más el tercio legal--, la cantidad de 225.392,80 euros correspondiente al valor de la finca sobre la que se ha constituido garantía hipotecaria unilateral ante la Sala de lo Contencioso-administrativo.

La juez declara también la responsabilidad civil subsidiaria de la cooperativa Virgen del Robledo.