Ordenan abrir juicio oral contra los acusados en el caso 'Goldfinger', vinculado a los Connery

Además, ha fijado las responsabilidades civiles directas que tendrán que pagar procesados o sociedades supuestamente implicados, que ascienden a más de 42 millones de euros, y las subsidiarias. Según consta en la parte dispositiva del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se abre juicio oral por delitos de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.

Así, a Muñoz se le acusa de un delito de fraude --que para la acusación del Ayuntamiento está en concurso con un delito continuado de malversación-- y dos delitos contra la ordenación del territorio; mientras que a Roca se le acusa, además, por cohecho. Asimismo, se acuerda abrir juicio oral contra cinco exconcejales de Marbella, dos abogados, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.

Este procedimiento judicial se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.

El pasado mes de mayo, el magistrado instructor acordó seguir la causa contra 17 imputados, dejando al margen en una pieza separada todo lo relativo a los Connery, ya que no se les había tomado declaración, a pesar de que fueron citados como imputados primero en el juzgado y se había remitido una comisión rogatoria, es decir, una petición de colaboración internacional, a Bahamas, donde supuestamente reside el matrimonio.

Por esto, el juez reiteró la comisión rogatoria y dio un plazo de seis meses para que prestaran declaración, al creer necesario que debían explicar "cuál fue su intervención y si resultaban conocedores de las actuaciones en las que aparecen inmersos". Si transcurre ese plazo y no hay respuesta, el instructor indicó que decidirá "lo procedente en relación con el dictado de órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición, en su caso".

ACUSACIONES

Tras esa decisión, configurarse otra pieza separada --relativa a delitos de blanqueo de capitales que también han quedado aparte-- y concretarse el procedimiento contra 17 imputados, las tres acusaciones; es decir, la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella y la Abogacía del Estado, presentaron sus correspondientes escritos de calificación provisional, con las peticiones de pena para cada uno.

Así, el fiscal pide para Muñoz cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude; mientras que para Roca solicita ocho años por esos mismos delitos y por cohecho. El Consistorio eleva estas penas a siete años y cuatro meses para el primero al contemplar en concurso el fraude y con un delito de malversación; y a más de 12 años en el caso del segundo, al acusarle de más delitos.

Para uno de los principales abogados del despacho que representó los intereses económicos del actor, el ministerio público pide 34 años de cárcel y para el otro, 26 años, sobre todo por delitos fiscales. En el caso de cuatro exediles, el fiscal les acusa de dos delitos urbanísticos, solicitando dos años de cárcel, y un año para el quinto exconcejal por un solo delito. El Ayuntamiento considera que existe continuidad delictiva en estos acusados.