Organismo de derechos humanos reporta 61 desaparecidos por violencia en Perú

El abogado Juan José Quispe, representante de Aprodeh, aseguró que esta cifra es un listado preliminar que la organización levantó en la zona del conflicto desde el siguiente día a los violentos enfrentamientos, según declaraciones citadas hoy por la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).

"Es una lista de nombres que tenemos de un cruce inicial que se ha hecho", explicó Quispe, quien recorrió la ciudad selvática de Bagua para recoger datos sobre denuncias de muertes y violaciones a los derechos humanos.

Según el representante, los desaparecidos son buscados por sus familiares en ciudades cercanas y cuarteles militares "y no los encuentran".

"Estas personas no están en los listados de heridos y refugiados levantados por la Defensoría del Pueblo", enfatizó, para luego descartar que se hayan escondido por temor a la represión de las fuerzas de seguridad.

La cifra oficial de 33 muertos ha sido mantenida por el Gobierno desde los días posteriores a los enfrentamientos, aunque diversas denuncias de familiares y organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado que hubo decenas de indígenas fallecidos.

Según esas versiones, que han sido rechazadas repetidas veces por el Ejecutivo, los cadáveres de esas víctimas han desaparecido porque fueron quemados o arrojados a los ríos.

Quispe llamó la atención, al respecto, "sobre la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares".

El representante de Aprodeh también aseguró de durante su recorrido por la zona constató violaciones a los derechos humanos y que hay 133 detenidos y 189 heridos.

"Las autoridades no colaboran con brindar una investigación preliminar acorde con que la mayoría de detenidos son nativos y no cuentan con un intérprete, por lo que cuando rinden sus declaraciones tienen dificultades", dijo.

Señaló que un grupo de personas permanece en el cuartel militar "El Milagro" desde hace una semana sin una papeleta de detención que respalde esta medida.

"Se ha configurado una violación de manera flagrante por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales", aseguró.

También dijo que la mayoría de los detenidos en la comisaría de la ciudad de Bagua Chica "fueron maltratados por personal policial".

"Se solicitó que se pase por un nuevo examen médico legista. Sin embargo, el fiscal de la primera fiscalía de Bagua no aceptó esa solicitud, pese a que se dio el nombre de un capitán de apellido Jiménez que sería el autor de los maltratos", aseguró.

Aprodeh ofreció esta información en una rueda de prensa convocada por organismos defensores de los derechos humanos "que se solidarizan con las víctimas civiles y policiales del conflicto en la amazonía", remarcó la CNR.

En la rueda de prensa también participó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Estos organismos rechazaron el manejo que le ha dado el Gobierno al conflicto, "cuyas malas decisiones colocaron en riesgo mortal a indígenas y policías", según dijeron.

Exigieron, además, que se garantice "el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores nativos que continúan heridos, desaparecidos o que sufren atentados contra sus libertades".

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, pidió, al respecto, que se acelere la investigación sobre posibles personas desaparecidas y que se asegure el acceso a atención médica de todos los heridos.

Gamarra solicitó también que el Gobierno atienda a los deudos de los policías para que estos puedan acceder a derechos como la pensión y el seguro social.

Las comunidades selváticas exigen al Gobierno la derogatoria definitiva de una serie de decretos conocidos como las "leyes de la selva" y que consideran dañinos a sus intereses.