El PDeCAT plantea en el Congreso un cambio legal para no inhabilitar a los líderes independentistas acusados de rebelión

En concreto, en su iniciativa, recogida por Europa Press, los independentistas catalanes sugieren la modificación del artículo 384 bis de la LECRIM, que el Gobierno del PSOE aprobó en 1988 después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley Antiterrorista de 1984.

Con aquella reforma de 1988, el Ejecutivo de Felipe González introdujo una previsión legal para que los acusados por pertenencia o relación con bandas armadas o elementos terroristas "o rebeldes" pudieran ser inhabilitados sin sentencia firme, sólo con el auto de procesamiento del juez.

A esa legislación se remite el Gobierno cuando avanza que, si el juez Pablo Llarena acaba procesando a Carles Puigdemnont y los demás líderes independentistas por el delito de rebelión, todo ellos serían inhabilitados automáticamente y deberían abandonar tanto el escaño como el cargo de la Generalitat que les puedan asignar.

¿PERSONAS INOCENTES INHABILITADAS?

El PDeCAT recuerda que los nacionalistas catalanes se opusieron entonces a aquella reforma de 1988 por incorporar elementos de "inconcreción y generalización", que ahora, dicen, deben ser "corregidos y precisados".

Según argumentan en su iniciativa actual, si no hay una sentencia firme no se puede hablar de "delito cometido" y, por tanto, se debe impedir que "personas inocentes" pudieran ser expulsadas de sus cargos públicos por un auto de procesamiento que puede acabar en sobresimiento o en sentencia absolutoria.

Y porque, además, si la Constitución admite la inhabilitación en caso de investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, no tiene sentido el "indeterminado" concepto de "rebeldes". A su juicio, con la actual redacción de la LECRIM a los líderes independentistas imputados por rebelión se les estaría aplicando "la lógica de la lucha contra el terrorismo contra ellos".

POLÍTICA, NO VENGANZA

Así lo puso de manifiesto el mes pasado el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, cuando defendió este mismo cambio legal vía enmienda a una proposición de ley que está en trámite en el Congreso. "Hay que crear condiciones no para que la Justicia impida que las soluciones políticas lleguen y que la Justicia sirva para hacer política, no para hacer venganza", sostiene.

La inhabilitación de un cargo antes de sentencia, argumentan los independentistas, puede provocar consecuencias políticas "irreparables". "Con lo cual, un conflicto que entraña una enorme carga política sería resuelto a la brava, por una vía que incluso entraña graves dudas relativas a su constitucionalidad", señalan los independentistas catalanes en su iniciativa.