PNV y EH Bildu acuerdan la Ley municipal vasca que dará voz y voto a los ayuntamientos en el CVF

PNV y EH Bildu han cerrado este martes el acuerdo por el que Euskadi contará con una Ley municipal vasca que, entre otras medidas, establece la participación de los ayuntamientos con "voz y voto" dentro del Consejo vasco de Finanzas en las materias que se ven afectados como el reparto de los recursos económicos y se garantizará el pago de las Ayudas de Emergencia Social.

Los parlamentarios Joseba Zorrilla (PNV) y Dani Maeztu (EH Bildu) han comparecido ante los medios de comunicación, tras la reunión que ha mantenido la Ponencia parlamentaria que estudia la elaboración de esta norma, para dar a conocer el acuerdo alcanzado del que se han mostrado "muy contentos", ya que consideran que va a dar respuesta a las preocupaciones de los alcaldes y concejales que se habían "agravado" con la Ley de racionalización aprobada por Rajoy.

El parlamentario del PNV Joseba Zorrilla ha recordado que la nueva norma, que se denominará Ley de Régimen Local, ha tardado 35 años en ser acordada y tras subrayar que les gustaría que se sumaran al acuerdo el resto de formaciones, ha puesto en valor que PNV y EH Bildu con 48 de los 75 parlamentarios, gobiernan en más de 200 municipios vascos.

Zorrilla ha asegurado que no existe una ley igual en el resto del Estado porque se trata de una normativa "integral" en la que se regulan las competencias de los municipios y la financiación. "De nada sirve decir que los municipios tienen muchas competencias si luego no tienen la financiación necesaria para llevarla a cabo", ha insistido.

Asimismo, ha destacado que es "muy buena" para los municipios a quienes "dota de un marco de legalidad que les va a permitir ejercer el autogobierno para atender las demandas de la ciudadanía". "Los ayuntamientos van a ser verdaderos poderes locales y no meros prestadores de servicios", ha asegurado.

CON "VOZ Y VOTO"

Al respecto, ha explicado que la nueva normativa establece que los municipios se incorporen "con voz y voto" en el Consejo vasco de Finanzas "en todas las materias que les afecte. "Les pone de igual a igual con el resto de instituciones", ha subrayado.

En este sentido, Dani Maeztu ha destacado que los representantes de los municipios van a poder decidir sobre el reparto general de los recursos económicos que se hagan en la CAV. "Por primera vez, los ayuntamientos, junto con Gobierno vasco y diputaciones forales, van a participar del reparto general de recursos económicos que se hace en el Comunidad autónoma vasca, para asegurar un reparto equilibrado y con la participación de los ayuntamientos", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha explicado que el mayor problema que tenían los ayuntamientos era el de "definir el ámbito competencial de las Entidades locales y, sobre todo, asegurar la suficiencia financiera en base a esas competencias. "Con esta ley lo hemos logrado porque da protección legal a todas las competencias que hoy están desarrollando los ayuntamientos, y establece las herramientas necesarias para poder asegurar su financiación", ha señalado.

Según ha explicado, la nueva ley establece la obligatoriedad de hacer un análisis, en el plazo de un año, de la situación actual sobre el número de competencias que desarrollan los ayuntamientos y cómo están financiadas. "Los resultados del análisis se tendrán en cuenta cuando se modifique la Ley de Aportaciones", ha explicado.

Respecto al pago de las Ayudas de Emergencia Social, Maeztu ha explicado que la nueva norma incluye la necesidad de renovar el marco regulador de todo el Sistema de garantía de Ingresos de Euskadi, para dar respuesta al pago de las AES.

Hasta que se lleve a cabo esta renovación, se establece una "fórmula concreta" para que los ayuntamientos sepan que van a tener financiación y cómo se va a financiar estas cantidades de más que tienen que aportar cuando se les termina el presupuesto a estas ayudas, con el objetivo de garantizar su pago.

Finalmente, Maeztu ha destacado que la ley incluye medidas para "hacer efectiva la participación ciudadana", ya que da la posibilidad de celebrar consultas ciudadanas sobre materias de ámbito competencial de los ayuntamientos y que estas sean vinculantes. PSE, PP y UPyD ya han avanzado que rechazaran el dictamen de la Ponencia, que deberá ser votado en Comisión y pleno.