El PNV se plantea acciones ante el "silencio" del Gobierno por no aprobarse el prometido Plan de Derechos Humanos

Y es que este miércoles se cumple un año desde que el Pleno del Congreso aprobase por unanimidad una iniciativa del PNV que instaba al Gobierno a presentar, antes del 1 de junio de 2017, un Plan de Derechos Humanos "que le sirva de marco en su actuación"

"El Congreso insta al Gobierno a presentar antes del 1 de junio de 2017 un Plan de Derechos Humanos que sirva de marco al Gobierno en su actuación con medidas concretas en política exterior e interior a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993", figuraba en aquella iniciativa.

Además, se reclamaba para tres meses después, antes del 30 de septiembre de 2017,l un programa sobre objetivos concretos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias de dicho Plan.

El caso es que, un año después, el PNV denuncia que no se "sabe nada" al respecto de ese prometido Plan de Derechos Humanos, quye según afirmó en su día su portavoz, Aitor Esteban, "es una demanda de gran parte de la sociedad civil y de las ONG y va más allá de los derechos que pueden aparecer en el Título I de la Constitución Española". A su juicio, se trata de analizar las debilidades que tienen los derechos y libertades, y cómo aplicarlos de manera correcta, con políticas concretas y con controles pertinentes y de manera transversal.

YA SE VENÍA PIDIENDO DESDE 2012

Según recuerdan los nacionalistas en un comunicado recogido por Europa Press, "este asunto viene de lejos y no ha estado exento de polémica". Se trata de un compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993, y ya en 2012, también a instancia del PNV, se aprobó una propuesta para que el Gobierno elaborara y presentara ante la Cámara un Plan de Derechos Humanos.

Entonces, tal y como explica Aitor Esteban, el Ejecutivo encargó su redacción a un equipo de prestigiosos expertos que, en colaboración con la sociedad civil, elaboraron un informe de 900 páginas, "pero el Gobierno nunca lo publicó ni le quiso dar carácter oficial".