PNV pregunta al Gobierno de San Sebastián sobre la "proliferación" de carteles y pancartas en la Semana Grande

El grupo del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián interpelará al Gobierno municipal donostiarra de Bildu sobre la "proliferación" de pancartas y carteles de diversas asociaciones, algunos de ellos a favor del acercamiento de los presos de ETA o contra el Tren de Alta Velocidad TAV, durante la pasada Semana Grande donostiarra.

En un comunicado, la edil nacionalista en el Consistorio donostiarra Aitziber San Román ha explicado que se trata de un "fenómeno especialmente centrado en la Parte Vieja y el puerto" que pone de manifiesto "la falta de voluntad política del Gobierno de Bildu para controlarlo, porque instrumentos legales hay de sobra".

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo local que "aclare si los carteles y pancartas contaban con autorización municipal" y, en caso contrario, "si se ha procedido a aplicar sanciones a sus responsables, en cumplimiento de la normativa municipal".

San Román ha lamentado que el balance "mayoritariamente positivo" de la pasada Aste Nagusia donostiarra haya quedado "empañado" por esta "proliferación de pancartas y carteles colocados en espacios públicos y fachadas por diversos grupos y asociaciones".

"Donostia cuenta con una normativa suficientemente clara en esta materia, contemplada en el artículo 42.2 de la Ordenanza Municipal sobre Civismo, además de la moción impulsada por PNV y aprobada por unanimidad en octubre de 2006", ha recordado.

La edil nacionalista ha anunciado que su grupo municipal interpelará a la edil delegada de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Nora Galparsoro, para que informe si los carteles y pancartas colocados en espacios públicos y fachadas durante la pasada Semana Grande "contaban con autorización por parte del Ayuntamiento y, en caso afirmativo, por las razones que hubieran determinado esa autorización municipal".

En el caso contrario, si los carteles y pancartas se hubieran colocado sin autorización, la edil nacionalista preguntará al Ejecutivo municipal "por qué no se procedió a retirarlas, en cumplimiento de la normativa municipal vigente, y si se han aplicado a sus responsables las sanciones contempladas en la normativa, que oscilan entre los 201 y los 500 euros".