El PNV pide la devolución de la Ley de Seguridad Nacional por "innecesaria, imprecisa e invasiva"

Según argumentan los nacionalistas vascos en su enmienda, la norma establece la "creación de un nuevo estado de crisis no constitucionalizado que obligará a que las policías autonómicas pasen a depender directamente de la Administración General del Estado".

Este concepto es el de 'seguridad nacional', el cual, según el PNV, no está previsto en la Constitución y "se sobrepone e interpone al concepto de seguridad pública y a los estados de crisis también constitucionalizados como son el de alarma, excepción y sitio".

Así se refiere el PNV a la creación de un nuevo concepto en esta ley, la "situación de interés para la seguridad nacional", que viene a completar un "vacío normativo" que, según el Gobierno, existe todavía entre un estado de normalidad y la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio.

Para los nacionalistas vascos, este planteamiento en la ley "tiene un efecto claro y directo en la organización de los recursos de instituciones ajenas a la Administración de Estado", lo cual consideran que "obligará a que las policías autonómicas pasen a depender directamente del Estado".

"Supone una suerte de otorgamiento de autorización tácita, incondicionada e ilimitada para la disposición y utilización de los recursos propios de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado, que es quien de forma arbitraria se encuentra facultada para decidir cuándo y de qué modo el conjunto de las autoridades competentes del Estado deben aportar todos los medios humanos y materiales necesarios dependientes de esas instituciones ajenas a la Administración del Estado", explica el PNV.

INDEFINICIÓN EN LA GESTIÓN DE CRISIS

Además, advierte de que "la ausencia de definición clara de los supuestos de gestión de crisis puede llevar a una perturbación del esquema constitucional de distribución de competencias, invadiendo la autonomía de otras instituciones bajo una hipotética o difusa amenaza que parezca tener carácter permanente".

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro cuando presentó el anteproyecto de ley que la intención no es "asumir la jefatura" de instituciones que son competencia de otras administraciones, como las policías autonómicas y locales, sino de poner todos los "instrumentos a disposición de la envergadura de una situación".

Sáenz de Santamaría puso el ejemplo de una catástrofe como puede ser un terremoto, la cual requiere de la utilización de medios de varios ministerios así como autonómicos y locales. De hecho, recordó que el año pasado se llevó a cabo un gran simulacro de terremoto en Valencia que implicó la movilización de todos los medios disponibles para hacer frente a una emergencia de estas características.