PNV y PSE registran el proyecto de Ley del Instituto de la Memoria y esperan lograr más apoyo durante su trámite

En un comunicado remitido por el Parlamento vasco, se indica que, una semana después de haber trasladado al resto de los grupos un borrador de texto, ninguna otra formación se ha sumado inicialmente a la propuesta para regular las políticas públicas de gestión de la memoria y la convivencia.

No obstante, jeltzales y socialistas "confían en ampliar el consenso a lo largo del trámite parlamentario que ahora se inicia, al compartir que esta área requiere del acuerdo más amplio posible".

La proposición recoge el grueso del texto que comenzó su andadura en la Cámara en la legislatura pasada, y que decayó con la disolución del Parlamento. Ahora, con gran parte de la legislatura por delante, los proponentes esperan que el trabajo en esta Ley "permita afianzar los pilares sobre los que asentar la convivencia en Euskadi".

PNV y PSE-EE alcanzaron la pasada semana un acuerdo para crear el Instituto de la Memoria y la Convivencia, el organismo que se encargará de coordinar todas las políticas públicas sobre las víctimas de la violencia.

El documento sigue las líneas estratégicas del texto acordado en la pasada legislatura jeltzales, socialistas, Ezker Anitza-IU y los parlamentarios expulsados de Aralar Aintzane Ezenarro, Mijel Basabe y Oxel Erostarbe.

En los motivos para la creación del Instituto de la Memoria, se alude a "las experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y el contraterrorismo ilícito", entre las que se observa un nexo en común: "el sufrimiento injusto y el esfuerzo por construir una convivencia democrática".

Además, aboga por promocionar valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humanas en este "nuevo tiempo". Este Instituto pretende velar por "la preservación, desarrollo y difusión del patrimonio colectivo que supone la memoria de las víctimas en la defensa de los principios y valores en que se sustenta la convivencia democrática, e impulsara la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos y los valores de la paz".

En los antecedentes jurídicos, se incluye el decreto de reparación de las llamadas víctimas de motivación política, o abusos policiales, desde 1960 a 1978.