El PNV solicita al TSJPV que impida al Gobierno vasco "vender ilegalmente 3.000 VPO a un inversor privado"

La formación nacionalista fundamenta su recurso en que "esa venta del patrimonio público a un fondo de inversión privado incumple la legislación de Viviendas de Protección Oficial, en lo relativo a calificación jurídica y precios; La Ley del Suelo y Urbanismo, en lo referente al régimen de patrimonios públicos y calificación urbanística; La Ley de Patrimonio de Euskadi, en cuanto a procedimiento de adjudicación y la Ley de Contratos, en lo referente al procedimiento de adjudicación".

Asimismo, cree que se "justifica con creces" la paralización de la venta porque supone "la privatización de un patrimonio público construido de casi 3.000 viviendas de promoción pública" y por el hecho de que el Gobierno vasco "ofrezca a un inversor privado unas condiciones inaccesibles para cualquier ciudadano vasco, ya que, quien compra una vivienda de VPO a precio tasado, no puede alquilarla a precio de mercado".

Además, el grupo parlamentario del PNV considera que, con esta actuación del Ejecutivo López, la iniciativa pública para la consecución de los suelos destinados a la vivienda protegida "desaparece" porque todas estas viviendas "pasan de ser bienes de propiedad pública destinados al cumplimiento de los objetivos de la política de vivienda a ser bienes de propiedad privada".

Según ha recordado la formación nacionalista, a finales de julio tuvieron conocimiento de que el Gobierno vasco "había autorizado iniciar el expediente de contratación para vender a un inversor privado 3.000 VPOs que, a continuación, tomaría en arriendo a dicho inversor por un período de 20 años a un precio medio de 700 euros mensuales para, finalmente, destinarlas al subarriendo".

El PNV ha afirmado que, desde ese momento, ha realizado "todas las gestiones que han estado en su mano" para evitar esa operación por considerar que resulta "perjudicial" para el patrimonio público vasco.

Según ha asegurado, nada más tener noticia de la intención del Gobierno vasco, denunció las "múltiples irregularidades en las que incurría" y presentó un recurso especial en materia de contratación contra el pliego económico-administrativo del contrato.

Con posterioridad, presentó sendos recursos de reposición ante el Consejo de Gobierno y ante el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, "ninguno de los cuales ha sido atendido por el Ejecutivo vasco", ha indicado.

MANDATO PARLAMENTARIO

Por otra parte, ha señalado que el pasado 5 de octubre de 2011, el Parlamento --a propuesta del PNV y con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PSE-- instó al Gobierno a que "no procediera a la venta de las 3.000 viviendas a un inversor privado" y le exigió que revocara y suspendiera de forma inmediata el acuerdo y los trámites administrativos iniciados para proceder a dicha venta.

Además, recuerda que la Cámara autonómica reclamó al Ejecutivo López que cualquier nueva fórmula para la gestión de vivienda en alquiler se llevara al Parlamento para su debate y resolución. Sin embargo, según el PNV, el Gobierno vasco "no atendió el requerimiento del Parlamento, pero la operación no se llevó a cabo porque el concurso quedó desierto debido a la falta de solvencia de la empresa ofertante, London Regional Properties Limited".

A pesar de ello, según el PNV, el pasado 14 de noviembre, el Perfil del Contratante publicó que el Ejecutivo López había aprobado el acuerdo de inicio del procedimiento de negociación directa sin publicidad con la citada empresa por ser el "único inversor que mostró interés en el concurso".

Este dato, a juicio de la formación nacionalista, "agrava todavía más, si cabe, la situación, ya que el nuevo procedimiento iniciado modifica el contrato original y lo desnaturaliza aún más, con lo que los perjuicios económicos para los intereses públicos pueden ser aún mayores".

A la vista de estas "irregularidades" y de que, según ha asegurado, no se han atendido los tres recursos administrativos previamente presentados, el grupo parlamentario del PNV ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV en el que solicita la anulación de este último contrato.