El PNV pide una política penitenciaria para "un tiempo nuevo" sin ETA y más tipos delictivos por corrupción

En sus iniciativas, que recoge Europa Press, los nacionalistas vascos proponen la supresión de la prisión permanente revisable por considerarla "inconstitucional" y porque, en palabras de su portavoz de Justicia, Emilio Olabarria, se trata en realidad de "una cadena perpetua".

Como tal, el PNV se opone a ese tipo de castigo penal porque "atenta" contra la dignidad de los seres humanos y porque "vulnera" el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y a la reinserción social.

"RESTAURATIVA, HUMANA Y PROPORCIONADA"

El PNV defiende que la política penitenciaria debe ser "restaurativa, humana y proporcionada" y de ahí que sus enmiendas vayan dirigidas a esa reinserción social y pidan, además, flexibilidad en el régimen de concesiones, por ejemplo, en casos de enfermedad grave.

Asimismo, advierte contra el uso de un concepto como la peligrosidad que, según el diputado alavés, es "difícilmente mensurable" como elemento de aplicación de las penas y de las medidas de seguridad.

Respecto a los condenados por delitos de terrorismo, los nacionalistas exigen en sus textos de mejora del Código Penal que la política penitenciara refleje el fin de la actividad armada de ETA. Según defiende, estamos ya en "un tiempo nuevo" y, por ello, rechaza la existencia de regímenes especiales de ejecución de la pena de prisión.

Además, el grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban se opone al agravamiento de penas que propone el proyecto del Gobierno para diversos delitos que "carecen de justificación político criminal" porque, según su portavoz de Justicia, la actual realidad no precisa de un incremento global del ámbito punitivo, "sino más bien una reducción", como avalan los datos de delincuencia y encarcelamiento.

MÁS REPROCHE PENAL PARA LOS CORRUPTOS

No obstante, en algunas áreas, como los delitos de violencia de género y de delitos contra menores, los nacionalistas vascos proponen un aumento del reproche penal, al igual que con los delitos en el ámbito de la corrupción.

En concreto, Olabarria subraya que para delitos como la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias han de aumentarse las penas con un especial acento en la inhabilitación, de manera que aquellas personas que hayan sido condenadas por corrupción no puedan ocupar empleo o cargo público en un largo periodo de tiempo.

Además, en el precepto relativo a las transacciones prohibidas entre particulares, se incluye tipificar la conducta de los responsables de partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que perciban ventajas a cambio de una contraprestación indebida, así como la de las personas que se las concedan.