El PP rechaza en solitario en el Congreso penalizar más la apología del franquismo y el revisionismo de crímenes de ETA

Los 'populares' han tildado de "extemporánea" esta iniciativa al haberse ampliado el castigo al "discurso de odio" en la reforma del Código Penal y han defendido que el Estado tiene "mecanismos suficientes" para combatir ataques como el de la librería Blanquerna de Madrid, sede cultural de la Generalitat. "Mi más sentido rechazo a todos los actos de carácter fascista provengan de la extrema derecha o de la extrema izquierda", ha dicho Juan Carlos Lagares.

El resto de grupos ha expresado su apoyo a las iniciativas de la formación magenta y la coalición de izquierdas ante la "impunidad" de actos como el acaecido en Blanquerna y al resultar "muy difícil" la ilegalización por este motivo de las formaciones políticas.

Tanto el socialista Alex Saez como el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares han llamado la atención sobre la omisión por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la tipificación del franquismo. "Ha hablado esta mañana en el Congreso del estalinismo, el antisemitismo y el holocausto, pero ni una vez del franquismo", ha dicho Llamazares.

"¿Es que son miopes ustedes? --ha preguntado-- Hemos vivido 40 años de franquismo, dictadura, exterminio de determinada posición política y para ustedes no ha existido", ha expresado Llamazares, que ha alertado de las redes internacionales y el poder económico creciente de los grupos de ultraderecha.

La oposición ha respaldado la iniciativa de la Izquierda Plural en la que se pedía que la Fiscalía y la Abogacía del Estado ilegalizarán "automáticamente" al partido que de forma reiterada haga apología del franquismo, promueve actos de violencia y actúe en las redes sociales incitando al "asesinato" y el "exterminio".

NO CONDENA LA EXHIBICIÓN DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS

Los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) querían una "acción firme" del Estado ante el incremento de este tipo de delitos y la "impunidad" con la que varias formaciones y asociaciones vulneran, a su juicio, la Ley de Memoria Histórica "haciendo apología de Franco y de la dictadura franquista".

La coalición de izquierdas también emplazaba a la Cámara Baja a mostrar su "máxima respulsa" y condena "rotundamente" la exhibición de símbolos y actos de cualquier tipo de apología de la dictadura franquista y del fascismo al ser "absolutamente contrarios" a los valores constitucionales, los principios democráticos y la recuperación de una memoria democrática.

La propuesta llega después de la reacción "tardía y tibia" que ha tenido, a juicio de los proponentes, el Gobierno, el Partido Popular y Nuevas Generaciones hacia los dirigentes que exhibían en varias fotografías banderas franquistas o realizaban saludos fascistas. "Son intolerables e injustificables desde cualquier punto de vista", ha añadido.

La Cámara Baja también ha rechazado la proposición no de ley de UPyD, que destacaba que el negacionismo es un comportamiento "execrable" y pone como un ejemplo "paradigmático" de este fenómeno la negación del holocausto nacionalsocialista, que defiende la no existencia del genocidio practicado por la Alemania nazi contra los judíos y los gitanos.

Pero, además, Unión, Progreso y Democracia destacaba que en España también existen negacionismos: como el que cuestiona la represión franquista o el que califica al "exterminio" de ETA como "violencia política".

Sobre el segundo, UPyD ha advertido de que la llamada izquierda abertzale viene creando un discurso de manera "consciente" y que "responde a una deliberada estrategia de negar la existencia de los crímenes y, por ende, de la propia democracia en España".

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TIENE LÍMITES

Y aunque el partido magenta cree que la libertad de expresión es uno de los ejes centrales de los modernos regímenes democráticos, en los que ha alcanzando la consideración de derecho fundamental", ha querido dejar claro que no es un derecho "absoluto", sino que se encuentra sometido "a ciertos límites".

De ahí que en su iniciativa, UPyD reclamara como "imprescindible" que se tipifique el negacionismo, toda vez que el Tribunal Constitucional ha declarado "de forma reiterada" que el derecho fundamental a la libertad de expresión "no permite dar cobertura a manifestaciones innecesarias que atenten contra el honor, la dignidad o la libertad de las personas o que pongan en peligro el sistema democrático", y ha interpretado que "la negación del genocidio puede ser delictiva como forma de incitación al odio, a la hostilidad o a la xenofobia".

UPyD también abogaba en su propuesta pro modificar el artículo el Código Penal relativo a los discursos del odio, para que incorpore el término "situación socioeconómica" para cubrir así los ataques a los mendigos o indigentes. En su opinión, la nueva redacción debe dejar claro que la víctima no es solo el grupo, sino la persona individualmente considerada que pertenece al mismo.