PP pide que el Estatuto de la Víctima incluya el lenguaje de signos para los sordos y medidas de protección a ancianos

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto que el nuevo Estatuto de la Víctima reconozca el derecho de las personas sordas a ser asistidas en lenguaje de signos y que los ancianos, las personas excluidas socialmente y otras que se encuentren en una situación vulnerable tengan derecho a las medidas de especial protección que ofrece este texto.

En las enmiendas al articulado del proyecto de ley del Estatuto de la Víctima, recogidas por Europa Press, el PP propone incluir la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos.

Los 'populares' reclaman incluir expresamente el deber de los medios de comunicación de respetar los derechos de este Estatuto para evitar que "no respeten los derechos de las víctimas a su intimidad y dignidad". Además, piden que este texto legislativo sea aplicable a los menores de edad y que los perjudicados por un delito reciban una copia de su denuncia y no solo un resguardo.

DEVOLUCIÓN DE AYUDAS ANTE SENTENCIAS ABSOLUTORIAS

Además, reclama modificar el artículo 23, que plantea evaluar las circunstancias particulares de las víctimas para determinar sus necesidades de protección, con especial atención de los menores y los necesitados de "especial protección".

El PP propone incluir a las personas en las que concurran "factores de especial vulnerabilidad para garantizar que no queden fuera de la especial protección que ofrece este artículo ninguna persona especialmente vulnerable, como puede ser un anciano o personas excluidas socialmente".

Además, pide que no se tengan que devolver las ayudas recibidas en concepto de víctima cuando hay una sentencia absolutoria o un sobreseimiento por la inexistencia de los hechos denunciados.

Por último, sugiere que la Fiscalía escuche a la víctima antes de informar sobre las decisiones del juez de Vigilancia Penitenciaria respecto a clasificaciones del condenado en tercer grado o libertad condicional, entre otras.