PP y PSOE rechazan en el Congreso ceder las competencias de salvamento marítimo y contaminación marina a Galicia

Así lo han manifestado los portavoces de PP y PSOE en el Pleno del Congreso durante el debate de la toma en consideración de una proposición de ley defendida por la diputada del BNG Rosana Pérez, quien ha sostenido que la transferencia de estas competencias permitiría una "mayor protección" de las costas gallegas y evitaría catástrofes como la del 'Prestige'.

La diputada nacionalista gallega ha situado las costas de su comunidad autónoma como "el centro de la diana" donde se producen anualmente "un elevado número de emergencias, averías, remolques y naufragios". A su juicio, se trata de "problemas específicos" de Galicia que, sin embargo, son tratados "de forma genérica" por el Estado con "fallos de descoordinación" entre las administraciones y toma de decisiones políticas "que acaban afectando gravemente a la seguridad".

En ello, cree que "mucho tienen que ver" la privatización de servicios públicos, así como "los ajustes y recortes" que "están teniendo repercusiones negativas en la seguridad". "La complejidad, la gravedad y la velocidad con que se desarrollan y evolucionan posteriormente los accidentes marítimos hacen que abordarlos con prontitud, desde el conocimiento del medio, desde la cercanía, con medios y experiencia sea absolutamente imprescindible para minimizar sus consecuencias", ha defendido.

PETICIÓN DESDE EL PADECIMIENTO Y LA AMARGA EXPERIENCIA

Por todo ello, el BNG reclama la transferencia a Galicia de la gestión en salvamento marítimo, el control e inspección de barcos que transitan por el dispositivo de separación de Fisterra y de los medios para la lucha contra la contaminación marítima. Y Rosana Pérez ha defendido que no lo piden "por capricho", sino "desde el padecimiento y la amarga experiencia de infinidad de catástrofes marítimas" en sus costas "y el posterior abandono o la escasa atención de la administración competente".

"La Xunta debería tener las competencias para elaborar y ejecutar una política propia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, para poder crear su propio dispositivo de titularidad pública, sin perjuicio de la coordinación necesaria, para poder controlar los buques que recalan a sus puertos o van en tránsito y para poder adoptar las decisiones con la celeridad que requieren las situaciones de emergencia, para evitar descoordinación en el seguimiento de esos accidentes y para elaborar un plan de contingencias adaptado a nuestra realidad y a las recomendaciones de los convenios internacionales", ha reivindicado.

Sin embargo, tanto PP como PSOE se han opuesto a esta transferencia argumentando que no está permitida por la Constitución Española y, además, la necesidad de que el Estado gestione en su totalidad la competencia de salvamento marítimo para poder responder de forma coordinada a cualquier accidente o catástrofe que pueda suceder.

El diputado del PP Celso Delgado ha subrayado que no se trata de un asunto susceptible de "división administrativa" y ha recordado que España también tiene que utilizar sus medios de salvamento marítimo para hacer frente a sus compromisos internacionales y luchar contra la contaminación marina, también una competencia exclusiva del Estado.

NO HAY CONSENSO EN GALICIA

Pero además, ha reprochado al BNG que defienda esta transferencia en las Cortes Generales cuando la misma iniciativa no recibió el apoyo del Parlamento gallego, donde fue debatida en 2010 y también rechazada por la mayoría del arco parlamentario. "¿No parecería más lógico que la hubiera traído con apoyo o respaldo de la comunidad autónoma?", ha preguntado.

Tampoco apoya el traspaso el PSOE, cuyo diputado Román Ruiz ha defendido que se trata de una competencia sobre la que el Estado "debe mantener la eficiencia, capacidad de respuesta y mejor utilización de los recursos".

A su juicio, el salvamento marítimo "va más allá de la situación territorial y no es adecuada su parcelación", sobre todo teniendo en cuenta que "los accidentes más graves están asociados al tráfico marítimo internacional". Esto hace que, para el PSOE, sea "fundamental" una regulación europea, además de la necesaria coordinación de medios entre todas las administraciones.

Por parte de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Toni Cantó ha defendido que la seguridad marítima es una competencia que debe estar "mejor garantizada" en manos de una administración central "cada vez más coordinada" con la Unión Europea, por lo que se ha opuesto a una cesión de competencias "con nula visión de Estado" y que suponga una "pérdida de igualdad de todos los españoles".

APOYO DE IZQUIERDA PLURAL, PNV Y CiU

Quien sí quieren que el Congreso debata sobre la cesión de competencias a Galicia son Izquierda Plural, el PNV y CiU, que cree que este debate puede servir para "hacer pedagogía" y demostrar que los ciudadanos quieren "un Estado protector y no un Estado represor" que "no da respuestas".

El portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, considera imprescindible aprovechar "todas las potencialidades del Estado de las autonomías" y que una comunidad autónoma pueda ejercer una competencia sobre la que tenga unas "singularidades características".

También desde el PNV, Joseba Agirretxea ha reivindicado la competencia del BNG para reivindicar esta competencia y ha advertido de que, si en la comunidad autónoma exista esta aspiración, es porque el actual competente, el Estado, "no está haciendo las cosas lo más correctamente".

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha coincidido en que es "lógico" que este asunto esté "dirigido y coordinado" desde Galicia y ha aprovechado para introducir su reivindicación de que España se convierta en un Estado federal en el que fuera normal esta "distribución de poderes".

"Podrán poner muros, pero sólo van a conseguir que se evidencie cada vez más que el Estado de las autonomías es insuficiente --ha advertido--. Hace falta un debate sobre cómo configurar y avanzar hacia estado federal".