PP espera que Pajín explique el uso de una residencia pública en Menorca

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, espera que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, explique "en qué condiciones ha hecho uso" de la residencia pública, reservada para funcionarios, del Lazareto de Maó (Menorca) y aclare si "tenía derecho a la misma".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría se ha referido así a la polémica suscitada por el hecho de que el acceso a esta instalación esté limitada al personal de su Ministerio y por la reciente estancia vacacional de Pajín en las playas del Lazareto.

"Lo que queremos saber es quién tiene acceso a la misma (en referencia a la residencia del Lazareto), qué condiciones deben tenerse y si ha cumplido o se saltado alguna de esas condiciones. Esperamos que responda a esa petición del PP y de otros grupos como ERC", ha apuntado la dirigente 'popular'.

AGRAVIO COMPARATIVO

Tras conocerse la estancia de Pajín en el Lazareto, el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ya registró una batería de preguntas parlamentaria por las que solicitaba información sobre las causas por las que el Lazareto aún permanece cerrado al público general y donde reclama al Gobierno que se pronuncie sobre si cree que es un "agravio comparativo" que el uso recreativo de la zona se limite sólo al personal del Ministerio de Sanidad.

Tardà recordaba que "algunos --en referencia al personal del Ministerio-- pueden disfrutar de 16 días de pensión completa al módico precio de 300 euros, traslados en barca incluidos," durante el periodo estival mientras que la sociedad menorquina aún no puede visitar esta instalación emblemática de la isla.

También aludía que el Consell de Menorca y el Ministerio rubricaron en marzo un convenio de colaboración para organizar visitas guiadas al Lazareto a partir de la segunda quincena de junio, si bien dicho acceso a la ciudadanía aún no se ha producido.

Según ERC, el Lazareto cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1993 y, por tanto, también se estaría produciendo un incumplimiento de la Ley de Patrimonio, que establece la obligación de permitir las visitas al público general para estas zonas.