El PP somete a votación en el Parlamento la exigencia a las CCAA de un cumplimiento riguroso del objetivo de déficit

Se trata de dos puntos incluidos entre las propuestas de resolución presentadas por el PP a los informes de fiscalización que se votarán este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas que se reunirá en el Congreso. Entre los informes que analizará están los del sector público autonómico y local de los ejercicios 2004-2006 o del sector público local de 2006 a 2010.

En ellas, el PP insta a las comunidades autónomas a cumplir "rigurosamente" los objetivos de déficit establecidos, así como controlar el déficit del sector público, y pide a las autonomías reflejar con claridad su situación patrimonial, "actualizando los inventarios de bienes y derechos".

Además, tan solo unos días después de que el Gobierno haya hecho público su plan de reforma de la administración, el PP lleva entre sus propuestas la puesta en marcha de medios precisos para la reestructuración del sector público.

El Grupo Popular también incluye las líneas generales que traza la reforma local impulsada por el Gobierno, como la delimitación de las competencias de los municipios, así como los servicios que deben prestar evitando los solapamientos y duplicidades con otras administraciones.

También pide la restricción de la creación de entidades en el sector institucional local, incluye la fijación del coste estándar de los servicios prestados para las entidades locales menores y pone sobre la mesa la posibilidad de revisar y actualizar la legislación en materia de sanciones para quienes incumplan la obligación de rendición de cuentas.

RENDIR CUENTAS PARA ACCEDER A LAS SUBVENCIONES

Este asunto es incluido por varios partidos entre sus propuestas. Por ejemplo CiU quiere que la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso por las entidades locales y sus entes dependientes a las ayudas y subvenciones públicas.

Por su parte, el PSOE quiere exigir el "esctricto cumplimiento" de la rendición de cuentas, tanto por la administración autonómica como local, y pide evitar el fraccionamiento de los contratos para eludir los requisitos de publicidad y concurrencia.