El PP destruyó los discos un mes después de que la Policía fuera a Génova

La visita de la Policía Nacional a Génova se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el extesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces a Europa Press fuentes policiales.

Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual argumentaba que era de carácter personal, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de la formación.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo que "no se trataba de un despacho personal" y "en definitiva, no se ejerció fuerza alguna para entrar".

Destrucción de los discos duros

En abril de 2013 el PP destruyó el contenido de los discos duros de los dos ordenadores utilizados por Bárcenas para asignárselos a otro trabajador, una vez que se archivó esta denuncia.

En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el pasado 20 de agosto, el PP reconoce que los discos duros que utilizaba Bárcenas (uno de un PC de la marca Toshiba y otro de un Apple) fueron "destruidos, una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución" al extesorero.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha procedido este jueves al volcado del contenido de los dos ordenadores para que sean cotejados con la supuesta contabilidad B que Bárcenas facilitó el 15 de julio al juez Pablo Ruz en un lápiz de memoria USB.

Se trata, según el acta de la diligencia, de un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT que ha sido enviado sin disco duro por "haber sido extraído con anterioridad" y de un Macintosh MacBook Pro con disco duro marca Toshiba que contiene 500 gigas de contenido que han procedido a ser descargados y analizados. Éste último presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujección de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad", según el acta del secretario judicial, Javier Ángel Fernández-Gallardo.