El PP ultima una reforma puntual del Reglamento del Congreso para suspender a diputados a los que se abra juicio oral

El PP llevará en próximas semanas al Congreso una reforma específica del Reglamento de la Cámara Baja para suspender en sus funciones a los diputados en el momento en que se les abra juicio oral por delitos de corrupción, en consonancia con lo que se prevé aplicar a los cargos públicos, según han informado fuentes 'populares'.

El vigente Reglamento contempla que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando se hallen en situación de prisión preventiva y mientras ésta dure, cuando haya una sentencia firme condenatoria o cuando su cumplimiento les impida ejercer la función parlamentaria.

Ahora los 'populares' quieren que esa suspensión se aplique a los diputados con la apertura del juicio oral, esto es, en la fase posterior a la instrucción de un sumario en la que ya existe un escrito de acusación que detalla los delitos.

El partido del Gobierno planteará próximamente esta reforma puntual en consonancia con lo que contempla el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado prevé para los cargos públicos.

PODRÍA AFECTAR A CHAVES Y VIERA

Hay dos diputados que se podrían ver afectados por esta modificación: el expresidente andaluz Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, en el caso de que el Tribunal Supremo acepte investigarles y decidiera abrirles juicio oral por el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Ésta es una de las iniciativas que impulsará el PP a lo largo del próximo mes de noviembre, en el que también tiene previsto reactivar los dos proyectos de ley con medidas anticorrupción y de regeneración democrática que envió al Congreso el pasado mes de marzo.

Se trata de la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos (que modifica la ley financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Partidos y la del Tribunal de Cuentas) y el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (donde se prevé incluir la destitución de un cargo cuando se le abra juicio oral).

La intención del Ejecutivo es que antes de que finalice el año se remitan al Senado y queden definitivamente aprobadas en el primer trimestre de 2015, haya o no acuerdo con los demás grupos parlamentarios.

QUIEREN CUMPLIR CON EL CALENDARIO PREVISTO

De esta forma se cumpliría el calendario que el Gobierno se fijó a la vuelta del verano, cuando se reunió por separado con todos los grupos para buscar consensos en esta materia y conocer las aportaciones de la oposición.

Tras esos contactos multilaterales, el Gobierno se centró en buscar acuerdos con el PSOE pero, tras el estallido de la 'Operación Púnica' y la imputación del exsecretario general del PP Ángel Acebes en 'los papeles de Bárcenas', el primer partido de la oposición anunció su decisión de no suscribir ningún acuerdo concreto con los 'populares' en esta materia, más allá de las enmiendas que el partido que sustenta al Gobierno pudiera aceptar durante la tramitación parlamentaria.

Y, paralelamente, el Congreso tiene pendiente de aprobar la reforma del Código Penal que presentó Alberto Ruiz-Gallardón y que ya pasó el debate de totalidad y cuya tramitación el nuevo ministro, Rafael Catalá, se ha comprometido a reimpulsar. Algunas de las medidas de regeneración tienen cabida en esa reforma.

EL DIÁLOGO SE HARÁ VÍA ENMIENDAS

El Consejo de Ministros aprobó los dos proyectos de regeneración a finales del pasado mes de febrero, llegaron a la Cámara en marzo y en abril tuvo lugar una ronda de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional para pronunciarse sobre los mismos. El proceso de renovación en la cúpula del PSOE y la abdicación del Rey provocaron que las negociaciones sobre estas medidas no se retomaran hasta septiembre.

Y ahora, tras el desmarque del PSOE, que va a registrar sus propias propuestas anticorrupción en el Congreso para forzar un debate, los 'populares' están decididos a reactivar la tramitación de ambos proyectos de ley y a cumplir el calendario previsto.

Así, calculan que en dos o tres semanas pondrán fin al plazo para la presentación de enmiendas, con lo que el debate de totalidad en el Pleno podría tener lugar a finales de noviembre o principios de diciembre. Después se presentarían las enmiendas parciales, que tendrían que ser discutidas primero en ponencia y después en comisión antes de la remisión de los textos al Senado.