El PP presenta en el Senado sólo tres cambios técnicos al proyecto de ley de control económico de los partidos

El PP ha registrado en el Senado únicamente tres enmiendas y de carácter técnico al proyecto de ley de medidas de control económico-financiero de los partidos políticos, que será aprobado definitivamente en la Cámara alta en marzo.

En concreto, los 'populares' dan una redacción más precisa al proceso sancionador que puede iniciar el Tribunal de Cuentas a un partido político. Introducen además la referencia a la ley del alto cargo, que también se está tramitando en el Senado, de manera que la nueva norma se remita ya a ella. Por último, modifican la redacción para que la ley de subvenciones tenga carácter de ley ordinaria, no orgánica.

En total, los grupos parlamentarios han presentado 141 enmiendas a este proyecto de ley, incluidas estas tres del PP: siete del PSOE, 23 de CiU, 38 de la Entesa pel Progrés de Catalunya, 27 del PNV y 43 del Grupo Mixto. Además, PSC e ICV han registrado vetos para que el proyecto sea retirado.

Las propuestas serán ahora debatidas en ponencia y en la Comisión Constitucional del Senado, donde tendrá lugar la negociación de las enmiendas. El PP sumó en el Congreso el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios y de UPN a este proyecto de ley.

La comisión remitirá después el texto al Pleno para su aprobación previsiblemente el 11 de marzo, aunque hay tiempo para tramitarla hasta finales de ese mes.

ALTO CARGO

Por otro lado, el PP ha registrado otras cinco enmiendas al proyecto de ley del alto cargo del Estado, la mayoría para precisar la denominación de la Oficina de Conflicto de Intereses.

En otra de ellas modifica el artículo 25, el que regula las infracciones que pueden cometer los altos cargos. En concreto, añade un nuevo supuesto de infracción grave: cometer una leve cuando el autor ya hubiera sido sancionado por idéntico motivo en los tres años anteriores. Es decir, ser reincidente.

A este proyecto de ley, los grupos han presentado en total 92 enmiendas, incluidas las del PP: 21 del PSOE, 39 de la Entesa pel Progrés de Catalunya y 26 del Grupo Mixto. Además, PSOE, PSC, ICV e IU han han registrado sendos vetos, para devolver el proyecto al Gobierno.

La negociación, como la ley de control económico-financiero de los partidos, se producirá ahora en la Comisión Constitucional y luego en el Pleno. En el Congreso, el PP logró el apoyo del PNC y de CiU y el voto en contra de los socialistas. Este proyecto debe estar aprobado también antes del 31 de marzo.

PROYECTOS DE REGENERACIÓN

Estos dos proyectos fueron presentados en el Congreso el pasado otoño por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dentro de un paquete de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. La nueva ley de control económico-financiero impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna.

A la espera de que se introduzcan o no cambios en el Senado, el texto aprobado en el Congreso prohíbe entre otras cosas condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.

La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).

Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.

Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.

Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).

En cuanto al Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD (no tiene presencia en el Senado) consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las 'puertas giratorias', la independencia de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión ('lobbies').