La oposición acusa al PP de usar al TC para no asumir decisiones "incómodas" con Cataluña

Los grupos de la oposición han cargado nuevamente contra la reforma exprés del Tribunal Constitucional impulsada por el PP porque la consideran innecesaria e inconstitucional y porque creen que el único objetivo que persigue es usar el Alto Tribunal para no asumir decisiones políticas "incómodas" en relación con Cataluña.

El Pleno del Congreso ha acogido este jueves el debate de las enmiendas presentadas por los distintos grupos a la reforma exprés del Constitucional del PP para sancionar a quienes incumplan las sentencias que emita el máximo intérprete de la Carta Magna.

Como ya ocurriera en el debate de toma en consideración, la mayoría de los partidos, a excepción de Foro Asturias y UPN, ha reiterado sus críticas a una reforma que "contraviene" la Constitución y "desnaturaliza" al propio TC al otorgarle funciones propias del Gobierno.

Sin embargo, el PP ha negado todas las objeciones de la oposición a una iniciativa que fortalece las instituciones y las "arma" frente a lo que es "un golpe de Estado a cámara lenta" por parte del presidente catalán, Artur Mas, y sus acólitos, como así lo ha comentado el portavoz de la Comisión Constitucional popular, Pedro Gómez de la Serna, parafraseando al socialista Alfonso Guerra.

UNA TORPEZA POLÍTICA

Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor ha señalado que el presidente catalán es "el único destinatario" de una reforma que ha denostado por su carácter "punitivo" y porque la considera una "torpeza" política que no hace más que alimentar el "victimismo" de los secesionistas.

A su juicio, con esta iniciativa lo que se pretende es "usar" el TC como un "burladero", introduciendo una "bomba de relojería" en su funcionamiento, para que el Gobierno no asuma decisiones políticas "incómodas" para con Cataluña.

De su lado, el diputado de CDC Carles Campuzano ha defendido que la propuesta del PP, no sólo es "contraria" a la Constitución y convierte al TC en un "tribunal de orden público", sino que está orientada a intentar "liquidar" política y personalmente a Mas.

Ello le lleva a pensar que el PP no sabe cómo encarar la cuestión catalana porque una hipotética suspensión en sus funciones de Mas no iba a resolver ni a cambiar "el reto democrático" que está planteando la sociedad catalana.

Desde Unió, Montserrat Surroca ha defendido que esta reforma es un "despropósito" que "desnaturaliza" las funciones del Tribunal Constitucional y pone en evidencia la "incompetencia" del Gobierno del PP para resolver la cuestión catalana. A su juicio, resulta un "error" que el PP "utilice" la justicia en asuntos que son "estrictamente políticos".

"La única solución es la política en mayúsculas y el diálogo. Esto no lo vamos a resolver de otra manera", ha concluido.

ES UNA COBARDÍA

En nombre de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha subrayado que supone una "estupidez" perpetrar una reforma que ve "innecesaria y peligrosa" porque traslada al Tribunal Constitucional una responsabilidad política que, a su entender, debería asumir el Gobierno.

"Hacer creer a la ciudadanía que el conflicto político se resuelve a golpe de amenaza judicial no hará más que agravar el problema catalán", ha avisado Coscubiela, para quien "lo valiente" sería que el Ejecutivo afronte el asunto "a partir del diálogo".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha criticado al PP por hacer una ley "ad hoc" para Cataluña y al Gobierno por hacer un uso "espurio" del Alto Tribunal con un claro comportamiento "partidaria" y "electoralista".

En su opinión, con esta reforma "de ordeno y mando", los populares "no van a conseguir absolutamente nada" porque el problema catalán es un tema "político" que ha de resolverse mediante el diálogo y no dejarla en manos de los tribunales. "Hagan política y no se dediquen a cambiar la naturaleza jurisdiccional del TC", ha apostillado.

Antes de ser expulsado del hemiciclo por negarse a retirar su gesto de romper de la Constitución, también ha hecho uso de la palabra el diputado de Amaiur Sabino Cuadra para afear al PP que necesite "togas" para "saltar por encima" de la voluntad del pueblo catalán.

"Quieren imponer con leyes tramposas y tribunales amañados lo que no consiguen con los votos", ha dicho.

YA PUEDEN CONSTRUIR MÁS CÁRCELES

Por parte de ERC, Joan Tardà ha remarcado que esta propuesta supone "una nueva trampa, un nuevo fraude y una nueva amenaza" contra el "proceso democrático" catalán y ha acusado a los populares de estar "enloquecidos" porque con su reforma no sólo pretenden imputar al presidentw Mas, sino a todos los que defienden la independencia de Catalunya. "Ya pueden ir construyendo cárceles", ha advertido.

Según la representante del BNG, Olaia Fernández Davila, esta reforma responde a un interés "electoralista" de un PP que lo que busca es "atacar" a quien considera su "enemigo" político pero que, sin embargo, lo único que ha conseguido hasta ahora es evidenciar la "incapacidad" del Gobierno para afrontar el problema catalán.

En esta misma línea ha abundado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien considera que esta situación no se soluciona con sentencias judiciales sino con "políticas de Estado".

"Esto es un tema de Estado y no se puede usar el Tribunal Constitucional como arma electoral ni para resolver problemas políticos", ha afirmado.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, considera "un auténtico disparate legislativo" esta reforma porque podría incluso llegar a destituir al mismo presidente del Gobierno, en contra de lo que dice la Constitución.

Por ello, se ha comprometido a derogarla en cuanto haya una nueva mayoría parlamentaria con más voluntad de consenso y diálogo que la que, en su opinión, ha demostrado el PP en esta legislatura.

Desde Geroa-Bai, Bixente Serrano ha manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de una proposición que lo que pretende es "amedrentar" a una sociedad como la catalana que quiere manifestar su voluntad, frente a la cual, ha dicho, "no sirve el imperio de la ley".

"Ahorren sufrimiento a Catalunya, renuncien a esta ley y acomoden el sistema legal a las nuevas realidades políticas", ha recomendado a los populares.

UPyD también ha criticado la reforma, pero en su caso no se opone a la existencia de sanciones y lo que reclama es que las aplique la Justicia penal y no el intérprete de la Constitución.

Rosa Díez cree que hay instrumentos "suficientes" para obligar a los gobernantes a acatar las sentencias y que lo que ha faltado en España es un Gobierno con "coraje" para aplicarlos.

A su juicio, la reforma propuesta por el PP es "errónea" e "innecesaria", y si de verdad quiere reforzar los actuales instrumentos, debería crear un nuevo delito para que sea la justicia penal la que inhabilite a quien incumpla las resoluciones del TC.

TAPA GRIETAS

El portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, ha negado que su reforma sea inconstitucional y sostiene que ni altera la naturaleza del TC ni convierte al alto tribunal en un instrumento para sustituir al Gobierno.

Según ha explicado, su ley va a permitir al TC contar con medidas cautelares suficientes para garantizar el cumplimiento de sus sentencias y "tapar una grieta" en el sistema jurídico, "máxime cuando los secesionistas persiguen la liquidación del país".

"No puede ser que la Generalitat se erija en sustituto del TC y decida las cosas que debe cumplir las que se puede saltar a la torera", ha dicho Gómez de la Serna, añadiendo que si esta reforma hubiera estado ya en vigor, no se podría haber celebrado la consulta del 9 de noviembre ni hoy el país estaría soportando el "bochorno" y el espectáculo "bananero" de ver a Artur Mas y los suyos envueltos en la bandera de Catalunya "en pleno ataque de nervios".