El PP propuso en 2010 condicionar la elección directa de alcaldes a un apoyo mínimo del 40% y una ventaja de 7 puntos

La idea de reformar la ley electoral para asegurar la elección como alcalde del candidato más votado ha vuelto este verano a la actualidad a instancias del propio presidente Mariano Rajoy, aunque esta vez el PP no ha definido los detalles de la propuesta a la espera de abrir un diálogo en septiembre con la oposición.

Según han indicado a Europa Press en fuentes del PP, en los trabajos de la reforma electoral de la pasada legislatura, la propuesta que se ofreció al PSOE fue dar una prima de gobernabilidad a la lista municipal más votada, otorgando la mayoría absoluta de la corporación, siempre que esa candidatura hubiera sacado al menos el 40% de los votos con siete puntos de ventaja sobre el segundo.

EL PSOE EXIGIÓ LA SEGUNDA VUELTA

El PSOE se comprometió a estudiarlo aunque su propuesta no era primar la lista más votada sino celebrar una segunda vuelta entre los dos principales candidatos. En aquella ocasión no se cerró un acuerdo sobre este asunto y se primó el resto de aspectos de la reforma, pactada también con los nacionalistas de CiU y PNV y que entre otras cosas limitó los gastos electorales, prohibió las inauguraciones y la publicidad institucional en periodo electoral, excluyó a los emigrantes de las elecciones municipales, e introdujo el controvertido 'voto rogado' que obliga a los emigrantes a solicitar el voto para poder ejercerlo.

Aquellas condiciones que se proponían la pasada legislatura están ahora abiertas, pero se mantiene el propósito de exigir un porcentaje mínimo de apoyo para primar a la lista más votada y la intención de no aplicar la medida si hay una estrecha diferencia entre los dos primeros partidos. El propio portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ya aseguró hace unas semanas que la reforma no debería ser aplicable en caso de un empate entre dos listas.

El PP asegura que tampoco se cierra a discutir la implantación de una segunda vuelta entre los más votados, como se recoge en los programas electorales del PSOE y de UPyD. Eso sí, ya ha habido dirigentes del PP y del Gobierno que lo han desaconsejado públicamente por sus complicaciones económicas y operativas.

PROYECTO, PROPOSICIÓN O ENMIENDA

En el PP tampoco tienen decidido cómo se tramitaría esta reforma. Una opción sería mediante proyecto de ley del Gobierno, lo que exigiría presentar primero un anteproyecto y pedir informes consultivos al Consejo de Estado y otros organismos, lo que resulta desaconsejable si lo que se pretende es aprobar la reforma antes de Navidad.

La segunda alternativa es una proposición de ley del Grupo Popular, lo que permitiría acelerar la tramitación porque, entre otras cosas, evitaría pedir informes a los órganos consultivos. Es la misma vía por la que el PP reformó la Justicia universal, no sin desatar fuertes críticas de la oposición.

Una tercera opción, todavía más rápida, sería introducir el cambio legal vía enmienda a alguna de las iniciativas legislativas actualmente en el Congreso, ya fueran las de regeneración democrática enviadas por el Gobierno o incluso la proposición de ley del Parlamento gallego para reformar la ley Electoral en lo relativo al voto emigrante.