PP pide que se rechace el derecho a decidir y el reconocimiento de Euskadi como sujeto soberano con derecho a secesión

El PP ha pedido este miércoles en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco que se rechace, "de manera expresa y rotunda", el 'derecho de autodeterminación' y el reconocimiento de Euskadi "como sujeto soberano" con derecho a su "secesión" de España. Tras defender el mantenimiento del actual Estatuto, emplaza a alejar "el fantasma de proyectos rupturistas" que llevará a la situación catalana y que puede ser "demoledor" para Euskadi.

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha presentado en el foro parlamentario un documento en el que apela a "no dejarse engañar" porque los nacionalistas no pretenden una reforma estatutaria, sino "un nuevo estatus" para llegar "a la siguiente estación en el camino hacia la independencia".

"No estamos ante una reforma del Estatuto de Autonomía, estamos ante el riesgo de liquidación de la autonomía y su sustitución por una figura institucional indeterminada cuya base es el reconocimiento del pueblo vasco como sujeto soberano, con derecho de secesión del conjunto de España", asegura.

Además, destaca el desacuerdo inicial entre los promotores de la ponencia de autogobierno, PNV y PSE-EE, "se ha venido manteniendo y ensanchando a lo largo de los años, fundamentalmente en torno a la figura del derecho de autodeterminación (eufemísticamente llamado derecho a decidir)" que los socialistas "rechazan".

Además, recuerda que "el Gobierno ha renunciado a una labor de impulso de la ponencia, y los grupos que la propiciaron han sido incapaces hasta el momento de presentar una propuesta conjunta", lo que ha producido "un estancamiento de los trabajos" del foro.

Los populares consideran que la ponencia "no ha producido ningún documento" que enumere los aspectos concretos que convendría reformar. Además, considera "de justicia reconocer el papel vertebrador del Estatuto de Gernika, valorar sus logros como marco de la articulación política de Euskadi, donde se legitiman y consagran los derechos históricos dentro del sistema constitucional".

"Son la Constitución y el Estatuto los que incorporan por primera vez la voluntad de los vascos en la decisión sobre nuestras instituciones de autogobierno, los que salvaguardan y potencian nuestro Concierto Económico, principal herramienta financiera para gestionar mejor los recursos públicos y, en definitiva, los espacios jurídicos que garantizan nuestras libertades, nuestro desarrollo y nuestra convivencia", apunta.

Por ello, reivindica "la vigencia del Estatuto de Gernika". En este sentido, recuerda que el último Euskobarómetro de diciembre de 2017 demuestra que el 77% de la ciudadanía de Euskadi "se sigue mostrando satisfecho con el Estatuto, un apoyo que en los últimos cuatro años, esto es, durante el tiempo de trabajo de la ponencia, ha crecido en 23 puntos"."No parece, por tanto, que la misma haya servido para convencer a la ciudadanía de la urgencia de un nuevo Estatuto", señala.

El texto afirma que el Estatuto "estableció una comunidad política que nunca había existido en la historia, con una población que le prestó apoyo prácticamente universal (90% de electores) porque representaba una enorme esperanza de convivencia en tolerancia y en paz", y en él "cabían todos los vascos". "La toma en consideración de una propuesta de modificación tendría que contar, cuanto menos, con un grado de apoyo semejante", añade.

Para el PP, "el Estatuto funciona y funciona bien", y no ha quedado "acreditada la necesidad de su reforma en ningún aspecto concreto", aunque no rechaza que se mejore. "Las posiciones están tan alejadas que no se acierta a ver qué acuerdo se pretende tejer, y que pueda ser transversal y merecedor de un consenso amplio", advierte.

CONCIERTO ECONÓMICO

El PP afirma que el Concierto Económico "es la seña distintiva del autogobierno", que hace que Euskadi "no sea una comunidad más y establece un pacto, una relación bilateral, de lealtad y de asunción de riesgos y responsabilidades en materia fiscal y financiera".

En este sentido, recuerda que su última modificación ha sido en 2017, conjuntamente con la aprobación de la nueva Ley del Cupo y la liquidación de los cupos pendientes, lo que ha producido "un horizonte de estabilidad" y de "paz fiscal".

"Aventurar una reforma del Estatuto que altere el régimen foral de Concierto o pretenda el vaciamiento de competencias de las Juntas Generales nos introduciría en un escenario de incertidumbre, inseguridad jurídica y colisionaría con las previsiones constitucionales, además de abrir una fractura institucional, política y territorial entre los vascos", destaca.

LEY DE APORTACIONES Y LTH

Sin embargo, sí cree "imprescindible" abrir el debate para la modificación de algunas de las leyes del bloque estatutario, y plantea reformar la Ley de Aportaciones o la Ley de Territorios Históricos (LTH) "para fortalecer el papel institucional y político de Diputaciones Forales y entes locales".

"Las tensiones recentralizadoras que marcan la acción política del Gobierno Vasco suponen un ejemplo de la manera en que se intenta poner todo en cuestión para tratar de dar cobertura a reformas constitucionales, estatutarias y forales, obviando que disponemos de la mayor cota de autogobierno de Europa, con el único objetivo de amasar poder político para el Gobierno Vasco, anteponiendo intereses partidistas y territoriales al interés general", apunta.

CATALUÑA

Por otra parte, destaca que el País Vasco "goza de una situación de estabilidad política" y abrir "un escenario de incertidumbre pondría en riesgo la recuperación económica". "La deriva política que ha arrastrado a Cataluña a su peor crisis institucional debe así mismo servir de advertencia en el País Vasco. Abrir un proceso soberanista al amparo de un reforma estatutaria, invocando el derecho de autodeterminación, no sólo volvería a dividir a la sociedad vasca y a perturbar la convivencia, sino que acarrearía consecuencias muy negativas en materia económica, apunta.

En esta línea, alerta de que, en un sistema de Concierto como el vasco, "una inseguridad jurídica que llevara, por ejemplo, al cambio de domicilio de las empresas, como ha sucedido en Cataluña, causaría un efecto demoledor".

Por ello, llama a "renunciar a vías unilaterales" y apunta que "el derecho de autodeterminación es siempre una vía unilateral, que no es posible pactar en un Estado democrático en la medida que supondría privar de sus derechos políticos a una mayoría de ciudadanos".

En este sentido, considera que no se puede "iniciar un proceso sin garantías de consenso o que pueda derivar en vías unilaterales, imposibles de pactar". "Ha quedado acreditada la voluntad de varios grupos políticos de incorporar el derecho de autodeterminación en un hipotético texto articulado, que supondría un 'nuevo estatus jurídico y político' para la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que dista mucho de ser una reforma estatutaria para convertirse en otra cosa", indica.

Asimismo, señala que el planteamiento soberanista "introduce una ruptura con el sistema constitucional, al que irónicamente se invita a participar en su propia destrucción". "El mal llamado derecho a decidir, además de ser una figura inaplicable e inconstitucional en el ordenamiento jurídico español, así como en todos los países miembros de la UE y del mundo desarrollado, supondría una quiebra en la convivencia política y social, un grave riesgo para la confianza en nuestra Comunidad Autónoma y para el progreso y estabilidad", asevera.

Por ello, emplaza a "no traspasar la línea roja que supone la incorporación del derecho de autodeterminación a ese 'nuevo estatus jurídico y político', y alejar de manera inequívoca el fantasma de proyectos rupturistas", cuyas consecuencias se han visto en Cataluña.