El PP dice que las detenciones "echan tufo" y son para allanar el camino de Zapatero en el debate

En una rueda de prensa en la sede del PP, González Pons ha exhibido un documento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la citación de la Policía y la nota de prensa facilitada ayer a los medios de comunicación para confirmar que la Policía mintió, no hubo orden judicial y las detenciones se decidieron en Madrid, así como el día y la forma "tan espectacular" de actuar.

Por ello, González Pons ha exigido una "aclaración inmediata" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de todos los "puntos oscuros", ha informado de que el PP no entrará a valorar el fondo de los hechos y ha insistido en que la detención, en concreto la del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, tenía la clara intención de hacer publicidad a favor del Gobierno y en contra de la oposición.

González Pons también ha dicho que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que impera el Estado de Derecho están en riesgo".

Pons ha evitado contestar si la Dirección del PP apoya a Ripoll y ha comentado que el Partido no entra en el fondo, pero sí en los "gravísimos hechos" acaecidos que sugieren una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de la Policía.

A la pregunta de cómo el PP se enteró de las detenciones, González Pons ha dicho que no le consta que hubiera una llamada del ministro del Interior al líder del PP, Mariano Rajoy, pero si hubiese sido así "se demostraría que quien tomó la decisión fue Rubalcaba, o un miembro del Gobierno socialista, y no el juez de Orihuela".

El vicesecretario de Comunicación ha reconocido que en el PP ha crecido la alarma ante la posibilidad de que el Ministerio del Interior esté utilizando los recursos de la Policía Nacional para hacer publicidad del Gobierno socialista, a costa de la dignidad y los derechos fundamentes de algunas personas.

El dirigente popular ha asegurado que la decisión se adoptó en Madrid y "fue en el Ministerio del Interior donde se acordó detener al presidente de la Diputación de Alicante", pero en este marco también se decidió cómo se iba a producir.

Aquí ha recordado que se trató de una detención "espectacular y cinematográfica" y se enviaron desde Madrid ochenta policías nacionales a la provincia de Alicante, se cortaron calles y se ubicaron furgonetas en las esquinas "como si hubiera algún tipo de riesgo".

El dirigente popular ha insistido en que "no había orden para detener" y ha lamentado que también se vulneró la ley, ya que la detención se produjo intentando perjudicar la reputación del detenido.

A juicio de Pons, la Policía de Alicante suplantó "gravísimamente" al juez en tres aspectos: acordando una detención sin autorización judicial del TSJCV, citando en nombre del juzgado a Ripoll a comparecer y en la nota de prensa de la Policía se dice que a los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, mientras que en la nota de hoy del TSJCV se asegura que no hay ninguna imputación.

Por todo ello, González Pons asegura que la Policía mintió también al asegurar que ayer se incautó dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll, extremo negado hoy por el propio afectado.

Además, en la nota la Policía dice que los detenidos comparecerán en el juzgado de Orihuela y en el TSJCV ha aclarado hoy que no hay ninguna persona citada.

En este sentido, y según Pons, el TSJCV también ha llamado la atención de la Policía porque se ha roto el secreto de sumario.