El PP, dispuesto a estudiar la retirada de subvenciones a los ayuntamientos que no cumplan con el Tribunal de Cuentas

El Partido Popular ha anunciado este martes su disposición a estudiar la posibilidad de limitar el acceso a las subvenciones y ayudas públicas a aquellas entidades locales que no cumplan con sus obligaciones ante el Tribunal de Cuentas y, además, revisar las multas que se imponen a sus alcaldes o interventores municipales.

La senadora del PP María Jesús Ruiz ha hecho suya esta propuesta del Tribunal de Cuentas durante la comparecencia en el Congreso del presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, que ha detallado que sólo el 78 por ciento de las entidades rindieron sus cuentas generales en el año 2010.

A su juicio, una forma de paliar esta falta de transparencia sería adoptar las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas sea un requisito necesario para una entidad local y sus entes dependientes puedan acceder a la concesión de ayudas y subvenciones públicas.

Esta idea ha sido recogida con satisfacción por los grupos parlamentarios, empezando por la representante del PP, que ha abierto la puerta a estudiar la propuesta. Sin embargo, la senadora 'popular' también ha pedido discernir entre la responsabilidad de los cargos públicos y la de los interventores o funcionarios municipales que no cumplen con sus obligaciones.

En este sentido, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado que el órgano ya propuso medidas en este sentido dirigidas a pedir que los interventores tengan que demostrar "que las cuentas de su municipio están al día" para poder optar a una promoción laboral o cambio de destino.

MULTAS A 41 ALCALDES

Para combatir esta opacidad de algunos municipios, el órgano fiscalizador puso en marcha un plan específico para impulsar la rendición de cuentas que afectó a 2.785 entidades con cuentas no rendidas de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 y a 1.282 entidades con cuentas no rendidas en 2009. Este plan provocó que se formularan 203 requerimientos conminatorios que culminaron con la imposición de multas a 41 alcaldes.

Álvarez de Miranda ha pedido una actualización de estas multas, que actualmente oscilan entre los 60 y los 900 euros. "Sería necesaria una actualización del importe de las multas coercitivas y su precisión para que sean verdaderamente efectivas. Sería una ayuda grande para que la rendición de cuentas se incrementara", ha argumentado.

Tanto el presidente del Tribunal de Cuentas como los representantes de los grupos parlamentarios han aludido a la Ley de Transparencia y la reforma local, que están en tramitación, como posibles marcos legales en los que introducir estas mejoras.

También han coincidido en la necesidad de introducir en la reforma del sector local un baremo en las retribuciones de los representantes locales, ya que el informe del Tribunal de Cuentas demuestra que un tercio de los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de los presidentes de Diputación Provincial cobra más al año, incluyendo dietas, que su correspondiente presidente autonómico y que una quinta parte de ellos incluso gana más que el presidente del Gobierno.

En este sentido, Álvarez de Miranda ha recomendado racionalizar el gasto y lograr mayor transparencia en las retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los miembros de las corporaciones, así como limitar el número de entes a los que pueda pertenecer un cargo electo y el importe global que pueda percibir por estos en concepto de asistencia.

PONER COTO A LOS ENTES A LOS PERTENECEN LOS EDILES

Todos los grupos parlamentarios han recogido la necesidad de homogeneizar criterios y establecer un baremo para las retribuciones. El diputado del PSOE, Javier Barrero, ha reconocido la necesidad de que la reforma local incluya este aspecto "que parece escandaloso para tantas personas que están pasándolo muy mal".

La propuesta también ha sido acogida con agrado por los representantes del PP, de UPyD, Álvaro Anchuelo, que ha pedido que los sueldos estén ligados al tamaño de los municipios; el de Entesa, Rafel Bruguera, que ha pedido que se haga respetando la autonomía local; y de CiU, Ferran Bel, que sin embargo ha mostrado su reticencia a limitar el número de organismos a los que puede pertenecer un mismo representante. También ha aplaudido la propuesta Ricardo Sixto por parte de Izquierda Plural, aunque ha recordado que la cuestión ahora está en manos del Gobierno.