El PSC pedirá un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre los Presupuestos

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha anunciado este martes que su grupo pedirá un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre los Presupuestos de la Generalitat para 2017 porque la disposición adicional que reserva una cantidad económica "para celebrar un referéndum" en 2017.

En una rueda de prensa, Granados ha explicado que tienen "dudas" sobre que la disposición se ajuste a la legalidad, teniendo en cuenta que la Generalitat no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia, y cree que se pone en riesgo la legalidad de toda la ley de Presupuestos.

Ha recordado un antecedente en 2010 cuando se solicitó al órgano consultivo sobre "si una petición de un referéndum de independencia" tenía cabida en las competencias de la Generalitat y el Consell redactó un dictamen que dice que no hay cobertura legal para hacer este tipo de consulta.

"Creemos que no se puede hacer un reserva económica para hacer una modificación legislativa que no dependen del órgano para el que se hace el Presupuesto", ha incidido la portavoz socialista.

El PSC se acoge al Código Civil para recordar al Consell de Garanties Estatutàries que no pueden estudiar la disposición adicional del referéndum en su literalidad, sino que hay que dictaminar teniendo en cuenta el contexto y los antecedentes legislativos: "El Govern dice que tiene un documento en un cajón para desconectar de la legalidad vigente y que habrá un referéndum ilegal antes de septiembre".

RETRASO A LOS PRESUPUESTOS

Con el anuncio del PSC ya son dos grupos los que pedirán un dictamen al Consell --Cs lo anunció la semana pasada-- con lo que el debate final de las cuentas catalanas y su aprobación se podría retrasar hasta un mes, plazo máximo para que el órgano consultivo presente su dictamen.

La comisión de Economía del miércoles pasado cerró el proyecto de Presupuestos, que el jueves se publicó en el Butlletí Oficial del Parlament (BOP), lo que abría un plazo de tres días y medio hábiles para que los grupos registrasen su petición al Consell, que finaliza el próximo miércoles a las 12.00.

El reglamento concibe como normas sujetas al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries la adecuación al Estatut y a la Constitución de los proyectos y las proposiciones de ley sometidos a la aprobación del Parlament, entre otros, lo que incluye el proyecto de ley de Presupuestos.

1.200 ENMIENDAS

Granados ha advertido a la Conselleria de Economía que han "apreciado un error" en la publicación del dictamen de la Ley de Presupuestos sobre las más de 1.200 enmiendas que la oposición presentó en la comisión de Economía del Parlament y que se aprobaron con el apoyo de los grupos de la oposición y de la CUP, que las votó a favor o se abstuvo.

En esas enmiendas se incluía un apéndice que explicitaba su cumplimiento "dentro de las previsiones presupuestarias del año 2017", que los socialistas interpretan como que lo tienen que cumplir con la disponibilidad económica prevista para este ejercicio.

Según la portavoz socialista, el dictamen de la Ley de Presupuestos explicita que el cumplimiento de esas enmiendas aprobadas en la cámara "estará sujeto a la disposición presupuestaria".

"Han hecho una jerarquía entre las enmiendas que se han aprobado. En unas dicen que 'dentro de la disponibilidad' y, en otras, que son más de 1.200 las que están 'sujetas' a ella", ha criticado, ha recordado que siempre ha habido enmiendas de la oposición y ha incidido en que nunca que se había hecho esta diferenciación.

Entre las enmiendas que se aprobaron destacan en el capítulo de Enseñanza la que recupera la financiación de las plazas de guarderías --1.600 euros por plaza--, la de becas comedor, la de transporte escolar y la de reducción de un 30% de las tasas universitarias.

También se ha aprobó el reinicio de las obras del tramo central de la línea de metro L9, la construcción de equipamientos deportivos en muchos lugares de Catalunya, recuperar la ley de Barrios, el pago de la deuda que la Generalitat tiene con los ayuntamientos, un plan de dependencia y una auditoria energética: "Ahora es responsabilidad del Govern decidir cómo cumplirlo".