El PSC llevará la reforma del reglamento del Parlament al Consell de Garanties Estatutàries

El PSC pedirá al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que analice si es legal la reforma del reglamento del Parlament con la que JxSí y la CUP quieren agilizar el proceso independentista: "Están pisoteando los derechos de la oposición y quieren reventar el Estatut".

Lo ha explicado a Europa Press la portavoz del grupo en el Parlament, Eva Granados, que ha lamentado que JxSí y la CUP quieran "cargarse las reglas del juego para poder ejecutar su proyecto político", ya que pretenden poder aprobar la 'desconexión' mediante el sistema de lectura única --por la vía de máxima urgencia, sin debate y en pocas horas--.

Ahora sólo el Govern utiliza este procedimiento para agilizar trámites de máximo consenso, pero JxSí y la CUP quieren reformar el reglamento para que también puedan hacerlo los grupos: así podrían llevar urgentemente al pleno la ley del referéndum y de la transitoriedad jurídica --que sienta las bases de la independencia-- sin que la oposición ni el Estado conozcan antes el texto y tengan el mínimo margen de maniobra.

"Quieren quitarnos la capacidad de saber lo que se está votando, hacer enmiendas, hacer debates serenos y tener un dictamen del CGE", ha alertado Granados, que teme que el Govern quiere evitar un nuevo dictamen contrario al referéndum unilateral de su máximo órgano consultivo en este ámbito --ya lo hizo por unanimidad cuando evaluó los Presupuestos 2017--.

El CGE dispone de un mes para emitir un dictamen sobre leyes que se tramitan por la vía ordinaria y de 7 días para las que se tramitan por la vía de lectura única: "Pero JxSí y la CUP quieren precipitarlo todo y aprobar lo que llaman 'desconexión' sin esperar a que haya dictamen, en unas horas".

Granados alerta de que se podría dar el caso de que la oposición llevara la ley del referéndum y de la 'desconexión' al CGE estando ya aprobadas, debido a la lectura única: "Quieren hacerlo en pocas horas, 2, 24 o 48, pero muy pocas".

"Nos quieren hurtar el derecho de pedir dictamen al CGE porque saben que sería desfavorable", pero el PSC agotará todos los mecanismos posibles para evitar este escenario de lesión de derechos democráticos, ha sentenciado.

Avisa de que, "por supuesto", los socialistas catalanes acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si es necesario y no prospera la vía del CGE, cuyos dictámenes no son de obligado cumplimiento para el Govern, como ya se demostró en los Presupuestos 2017: se siguieron tramitando pese a que el órgano alertó de que la disposición del referéndum es inconstitucional y antiestatutaria.

El PSC defiende que la lectura única es un buen mecanismo si se limita a casos de máximo consenso --algo que no ocurre con el proceso independentista--, y destaca que se utiliza en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados.

Por ello, este procedimiento no es antiestatutario ni inconstitucional por sí mismo, "pero sí si se acompaña de lo que el propio Govern dice que quiere hacer con él, que es silenciar a la oposición y convocar un referéndum ilegal".

TEMAS SOCIALES

Preguntada por si la oposición podría ver la lectura única como una oportunidad para aprobar cambios legislativos en materia socioeconómica y revertir los recortes, ha destacado que no lo ha valorado, pero ha apuntado: "Lamentablemente, por muchas mejoras sociales que hagamos, luego el Govern no las aplica".

Ha puesto el ejemplo del pleno de emergencia social que se celebró en marzo de 2016, en el que se aprobaron multitud de medidas, pero más de la mitad todavía no se están aplicando y las personas vulnerables siguen sin recibir apoyo del Govern, ha alertado.

"PARAR MÁQUINAS"

Granados espera que el Govern "pare máquinas y frene su deriva hacia la desobediencia y la ilegalidad", y deje de considerar que la sociedad catalana se divide entre demócratas que defienden el proceso independentista y antidemócratas que no lo defienden.

"Aquí todos representamos a los catalanes y parece que los que no estamos por la desobediencia no somos demócratas", pero Catalunya es una sociedad muy plural y todos los proyectos políticos que reflejan esa pluralidad son legítimos.