El PSOE propone blindar en la Constitución la cobertura sanitaria pública y los servicios sociales básicos

La reforma de la Constitución que propone el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para avanzar hacia un modelo federal también plantea modificar el capítulo de Derechos Fundamentales para incluir tanto el derecho a la cobertura del sistema sanitario público como el sistema público de servicios sociales como derechos cívicos para todos los ciudadanos y residentes.

Este es uno de los planteamientos que hace el PSOE en el documento 'Propuestas para una Sanidad Pública, Universal y Eficiente' que presentará este domingo en Albacete y que centrará el sexto de los debates que el partido está organizando de cara a la Conferencia Política del próximo mes de octubre en la que espera culminar su proceso de "renovación".

El PSOE convoca así a su militancia, simpatizantes, asociaciones y expertos para que aporten ideas, sugerencias y propuestas sobre este asunto, como ya hiciera los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio con los debates sobre Europa, crecimiento y empleo, modelo fiscal, mejora del sistema democrático e igualdad.

La cita de este domingo contará, como viene siendo habitual, con la participación del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también de otros miembros de la Ejecutiva del partido como Trinidad Jiménez, así como del portavoz en la Comisión de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, o el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, además del comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lazló Andor, y expertos en la materia.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA SANITARIA DE ANA MATO

Entre los objetivos del PSOE en caso de ganar las elecciones estaría la derogación de la reforma sanitaria de la actual ministra del ramo, Ana Mato, que a su juicio ha supuesto "la expulsión de muchos miles de personas de la cobertura sanitaria y la introducción de nuevos y mayores copagos".

Por ello, y junto a esta derogación, los socialistas promoverán una nueva normativa que permita la recuperación de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud, lo blindarán en la Constitución y definirán un nuevo derecho ciudadano a la atención sanitaria pública, que no estará "sujeto a ningún tipo de seguro, aportación o cualquier otra circunstancia discriminatoria".

Además de esta reforma constitucional, prometen hacer que sea el propio ministerio y no el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que se encargue del reconocimiento operativo del derecho.

Por otro lado, en el contexto de la reforma fiscal que promueve el PSOE, quieren que la sanidad pública tenga la necesaria suficiencia financiera, para lo que proponen invertir en sanidad pública un 7 por ciento del PIB en el horizonte de dos legislaturas (actualmente está en un 5,5 por ciento, según aseguran) y que los presupuestos destinados a la sanidad tengan una afectación finalista.

De este modo se garantizaría que, tanto los ingresos potenciales generados como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, se destinen "exclusivamente y en su totalidad" a financiar la sanidad pública.

ANULAR LAS PRIVATIZACIONES DEL PP

El PSOE defiende también la elaboración de una ley de buen gobierno y gestión del SNS que, entre otras medidas, irá destinada a "revertir" las decisiones de privatización de la gestión impulsadas por el PP, que a su juicio son "una subcontratación parcial de aseguramiento sanitario público a empresas mercantiles".

Esta ley de buen gobierno servirá para impulsar la autonomía de gestión y el fomento de la gestión clínica, la introducción de órganos colegiados de gobierno a todos los niveles, ante los que deban responder los gestores, la profesionalización de éstos asegurando la exclusión de criterios políticos en su designación, la obligatoriedad de la transparencia (poner a disposición del público la información pública), regulación de conflictos de interés y mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción.

Entre sus propuestas también están la elaboración de indicadores de funcionamiento y de calidad de cada centro sanitario disponibles para la ciudadanía, su incorporación en procesos de rendición de cuentas por parte de los responsables de los servicios públicos de salud, y promover de nuevo la ley de muerte digna, impulsada durante la última etapa del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"MUCHA DESIGUALDAD" ENTRE CCAA EN SERVICIOS SOCIALES

Pero además de la sanidad, los socialistas también apuestan por reflejar en el texto constitucional también el sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado del bienestar y así elaborar un nuevo "marco normativo estatal" porque, aunque reconocen que la competencia corresponde a las comunidades autónomas, "hay mucha desigualdad entre territorios" y con esta medida se puede instaurar una "obligación estatal con una partida presupuestaria concreta".

El propósito del PSOE es incluir en esta partida el catálogo aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado enero: información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y valoración; autonomía personal y atención a domicilio; intervención y apoyo familiar; intervención y protección de menores; atención residencial; prevención e inclusión social; protección jurídica; ayuda a víctimas de violencia de género; y prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. Se quedaría fuera en este caso la renta mínima de inserción.

"Son servicios sociales básicos para evitar que nadie se quede fuera de las necesidades básicas que cualquier ciudadano necesita", han explicado desde el PSOE. En resumen, lo que buscan es "equiparar los servicios sociales a la sanidad y educación".

CAMBIOS EN EL PLAN PREPARA

En el documento que se presentará el domingo, los socialistas también proponen una "nueva política de cobertura del desempleo que afronte los nuevos riesgos de exclusión social", sobre todo porque, de los casi seis millones de parados, tres millones y medio llevan más de un año buscando empleo y, de estos, más de dos millones lo buscan hace más de dos años.

Ante esta situación, el PSOE cree necesario una "extensión paulatina y extraordinaria de la protección por desempleo a través de programas que combinen acciones de recualificación, orientación e inserción social con la protección por medio de ayudas económicas a los desempleados que participen en ellas".

Además, apuestan por que "la filosofía y el diseño" del programa Prepara se extienda a "todos los desempleados con experiencia laboral previa", de tal manera que se permita la percepción de ayudas durante periodos de seis meses interrumpidos durante otros seis meses, con una duración máxima de tres años. Transcurrido el periodo de interrupción de la percepción, los desempleados con responsabilidades familiares deben poder volver a participar en los programas de apoyo.

El PSOE calcula que este programa supondría un gasto de 2.500 millones de euros anuales con cargo a un fondo específico dotado en el capítulo de protección del desempleo y su gestión se llevaría a cabo de forma concertada con las comunidades autónomas en el ámbito de las acciones activas de orientación, inserción y formación.