El PSOE quiere que Fernández Díaz responda en el Congreso por la actitud del Gobierno en casos de corrupción del PP

El PSOE quiere que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, responda el miércoles ante el Pleno del Congreso por la actitud que viene manteniendo el Gobierno ante la investigación de las tramas de corrupción vinculadas al PP, especialmente la que se conoce como 'Caso Bárcenas', en el que está imputado el extesorero de la formación.

Con este objetivo la diputada socialista por Madrid, Ángeles Álvarez, que es vocal de la Comisión de Interior, ha registrado una pregunta para pedir cuentas al ministro del ramo durante la próxima sesión de control al Gobierno.

En concreto, Álvarez emplazará a Fernández Díaz a explicar si considera que Gobierno "está facilitando" la investigación de las tramas de corrupción que afectan a su partido y en las que se han visto implicados varios cargos del PP además de su extesorero.

Se da la circunstancia de que recientemente Interior ha remitido al Congreso una respuesta parlamentaria en la que niega ejercer ningún tipo de "control político" sobre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, especializada en la lucha contra la corrupción, el blanqueo y el fraude, y garantiza que tampoco busca conocer los detalles de sus investigaciones ni "influir en ellas".

Así consta en la contestación que ha dado el Gobierno a una serie de preguntas planteadas el pasado mes de enero por el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, y a la que ha tenido acceso Europa Press.

FUNCIONARIOS DENUNCIAN CONTROL DE INTERIOR

Llamazares se dirigió el Ejecutivo tras conocerse las quejas de funcionarios de la UDEF que acusaron al ministro de Interior de utilizar a "un comisario de su confianza ajeno a la estructura de esta sección para supervisar la evolución de todas sus investigaciones".

Ese comisario, según apuntaba el diputado, es Luis Olivera, actual máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), un organismo que depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y que, por tanto, no tiene ninguna relación jerárquica con la Comisaría General de Policía Judicial en la que se ubica la UDEF.

Así, Llamazares quiso saber si es "cierto" que Olivera informa a Fernández Díaz de las investigaciones realizadas por esta unidad, "pese a no tener relación alguna con este organismo policial" y si esto es "una señal de desconfianza" en los informes que redacta esta unidad policial.

TRES VECES 'NO'

Tras mencionar que la UDEF ha investigado, por ejemplo, asuntos relativos a la supuesta financiación ilegal del PP, el caso Palau, o el ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo haber comprado en diciembre de 2012 en la Costa del Sol, el diputado preguntó al Gobierno si lo que pretende, a través del responsable del CICO, es "acceder a un conocimiento detallado de las investigaciones de la UDEF y, de este modo, tratar de influir en ellas, especialmente en las relacionadas con los casos Gürtel y Bárcenas".

Desde el Gobierno le han respondido con tres negativas. En primer lugar, el Ejecutivo recalca que "no ejerce control político alguno sobre la UDEF", después subraya que "no se trata de una señal de desconfianza en los informes propios de la UDEF" y, por último, asegura que "no pretende acceder a un conocimiento detallado de las investigaciones de la UDEF, ni influir en ellas".